La violencia y el racismo acallan la fiesta del cine indígena en Santa Cruz

La intolerancia contra la cultura
Alfonso Gumucio D.

Es intolerable que los bárbaros se hayan hecho cargo de la situación. En todo el país, grupos de choque cuya única ideología es el culto de la violencia, están encendiendo la mecha de una gran explosión social que terminará enfrentándonos como salvajes, a palos y a cuchillo. Desde las dirigencias autonomistas, pero también desde el gobierno, se alientan los enfrentamientos; mientras el vice-presidente dice a las bases del MAS que hay que salir a las calles, los vándalos de la Juventud Cruceñista hacen lo propio con plena aquiescencia de la autoridades departamentales.

Con actos vandálicos de uno y otro lado, no vamos a llegar a nada bueno. Pase lo que pase es responsabilidad de quienes no han manifestado una disposición honesta, real, de entablar un diálogo sin condiciones. No solamente se incendian edificios públicos o se sabotea un conducto de gas a Brasil, también se ataca a la cultura, recordando la frase de fascista español Millán Astray: “Cuando escucho la palabra cultura saco mi pistola”. Ahora en Santa Cruz, la intolerancia neo-fascista ha afacetado a uno de los festivales de cine más importante de América Latina. Me limito a transcribir el comunicado de los organizadores:"

Los actos de violencia vividos el pasado 9 de septiembre en la ciudad de Santa Cruz han obligado a suspender, por cuestiones de seguridad, los actos previstos en esta ciudad en el marco del IX Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. Después de la toma por parte de los grupos de choque de la oposición "cívica" de diferentes instituciones públicas y medios de comunicación afines al gobierno, se temen ataques a los participantes de dicho festival. Este es el motivo que ha obligado a las organizaciones indígenas originarias convocantes a suspender el festival en Santa Cruz.

"Desde 1985 la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, junto a Organizaciones Indígenas y aliados de diferentes países, impulsa el desarrollo de los Festivales Internacionales de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. En esta edición, la violencia y la intolerancia han acallado el mensaje de los pueblos indígenas y originarios de muchas partes del mundo.

"Después del triunfo de la violencia y la sinrazón, el festival no tiene más remedio que trasladarse ahora a la ciudad de La Paz, donde estaba previsto su inicio el próximo domingo 14 de septiembre, con la presentación de la película "El grito de la selva", primer largometraje de ficción indígena producido en Bolivia. En esta película se narra la lucha de los pueblos indígenas de la amazonía boliviana por defender su territorio del avasallamiento sufrido por parte de grandes latifundistas. Precisamente, estos latifundistas y otros grupos opositores, son los que ahora pretenden frenar el proceso de emancipación que viven los pueblos indígenas en nuestro país."Sin embargo, la violencia de los intransigentes no impedirá que el IX Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígena consiga: afirmar el pleno reconocimiento social, político y cultural de los pueblos indígenas; resaltar el valor de la imagen y la comunicación para celebrar un mundo plural en el que los pueblos indígenas puedan construir el futuro que buscan; motivar la producción de obras cinematográficas y videográficas que dan voz y que los retratan dignamente; ni fortalecer los lazos que unen a las y los comunicadores indígenas y no indígenas de diferentes continentes luchando por un mundo más justo y por el pleno reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

"Comité OrganizadorIX Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas

www.clacpi.org

http://www.clacpi.org/

La Paz, 10 de septiembre, 2008

Alfonso Gumucio D.

Escritor, cineasta, periodista, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo. Es autor de una veintena de libros y películas documentales, y ha trabajado en seis continentes en proyectos de comunicación participativa para el cambio social. Es Director Ejecutivo del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social.
Fue miembro de la redacción del Semanario "Aquí" hasta el golpe de 1980, y ha publicado en diarios y revistas de Bolivia, América Latina, Europa, Norteamérica, África y Asia.
Desde 1980 su trabajo en comunicación para el desarrollo lo ha llevado a todas las regiones del planeta. Trabajó con UNICEF en Nigeria (1990-94) y Haití (1995-97); fue director del "Tierramérica" (1998), una plataforma regional de información para el medio ambiente. Ha sido consultor de FAO, UNESCO, PNUD, PNUMA, la Cooperación Australiana, UNAIDS, DTCD y la Fundación Rockefeller en proyectos de comunicación para el cambio social.
Ha escrito veinte libros de poesía, narrativa, testimonio, y estudios sobre literatura, cine y comunicación: Historia del Cine Boliviano (México, 1982); Cine, Censura y Exilio en América Latina (1979); Luis Espinal y el Cine (1986); Las Radios Mineras de Bolivia (1989) en colaboración con Lupe Cajías; Comunicación Alternativa y Cambio Social (1990); La Máscara del Gorila (1982) que obtuvo el Premio del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (INBA); y Haciendo Olas: Comunicación Participativa para el Cambio Social (2001), entre otros.

Indígenas reclaman sus tierras robadas y estalla la ira terrateniente

La prioridad del movimiento cívico prefectural cruceño no es erradicar el latifundio mal habido o la esclavitud indígena, sino restringir las TCOs en su republiqueta autónoma

(UPIC-Tierra).- Como en casi todas las confrontaciones políticas contemporáneas, la disputa por la tierra es el catalizador de la violenta revuelta separatista que estalló en Santa Cruz.

Los pueblos indígenas y campesinos reclaman la devolución de territorios despojados a sus ancestros, y la burguesía terrateniente cruceña defiende sus latifundios mal habidos activando un golpe cívico prefectural en Santa Cruz, el departamento más extenso y desarrollado de Bolivia.
Luego de tres siglos de sistemático despojo del territorio indígena durante la colonia y la República, la reforma agraria de 1953 entregó a un sector minoritario las tierras más ricas que quedaban en la región amazónica y chaqueña, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas, y sin el mínimo sentido de proporción y equidad, coinciden la Iglesia Católica y decenas de investigaciones e informes de organismos internacionales independientes.
Desde 1953 hasta 2002 el Estado distribuyó aproximadamente 35,9 millones de hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz entre 144.162 beneficiarios, estima el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Más de 54 mil pequeños propietarios que representan el 38 por ciento de los beneficiarios obtuvieron 2,2 millones de hectáreas, es decir el 6,3% de la tierra distribuida. Un poco más de 22 mil medianos empresarios (15,3 por ciento de los beneficiarios) recibieron más de 7,3 millones de hectáreas (20,5% de la superficie). Alrededor de 31 mil personas (22% de los beneficiarios) consolidaron derechos colectivos sobre 6,2 millones de hectáreas de tierras comunitarias de origen-TCO (17,4% de la superficie).
En la inequitativa repartija, 11.140 grandes empresarios agropecuarios, que representan el 7,7 por ciento de los beneficiarios, se apropiaron de casi 19 millones de hectáreas, es decir el 52,6% de la tierra cruceña distribuida en 50 años.
En este último grupo de privilegiados, sólo 860 dueños de predios de más de 5 mil hectáreas de extensión concentran la propiedad de 8,7 millones de hectáreas. Representan menos del 8 por ciento de los empresarios beneficiados, pero atesoran el 46 por ciento de la tierra clasificada como empresa agropecuaria.
Se estima que sólo 246 empresarios poseen haciendas de entre 10 mil y 20 mil hectáreas. Apenas 20 terratenientes tienen cada uno entre 20 mil y 50 mil hectáreas. Los cuatro más ricos entre los ricos son dueños de latifundios de más de 50 mil hectáreas.
Estos cuatro potentados ostentan en conjunto 802.878 hectáreas de tierra en el departamento de Santa Cruz, más de lo que recibieron en medio siglo 2.145 pequeños propietarios que tienen entre 20 y 50 hectáreas.
Latifundio y servidumbre
La "escandalosa" concentración de la tierra provocó conflictos que dañan las bases de la convivencia civil y es caldo de cultivo de regímenes de opresión y explotación laboral semi feudales que se creía superados por la "modernidad". La servidumbre indígena, una lacra con profundas raíces históricas, aún no ha sido erradicada al comenzar el Siglo XXI.
Centenares de familias guaraníes son sometidas a jornadas de trabajo forzoso de hasta 15 horas diarias en algunas haciendas en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
Esta gente no goza de derechos laborales elementales y trabaja en una condición de servidumbre por deudas análoga a la esclavitud, confirman decenas de informes y estudios realizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Defensor del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e inclusive por el departamento de Estado de Estados Unidos.
En junio de 2008, una misión especial de la CIDH corroboró en el terreno que se han agravado las relaciones de dominación violatorias de los derechos humanos en zonas del chaco; y verificó la extrema vulnerabilidad de los derechos laborales y sociales de la población guaraní sin tierra.
Los patrones definen las condiciones y duración de la jornada de trabajo de sus pongos, las modalidades de pago, el registro de deudas, la forma de administración de los anticipos y la frecuencia de los "arreglos".
Los cautivos analfabetos, que desconocen sus derechos y no tienen forma de controlar las cuentas, pierden su libertad y son obligados a trabajar de por vida e inclusive a heredar deudas a sus hijos.
Los propietarios aseguran que la servidumbre ha sido superada y justifican "situaciones circunstanciales" de algunas familias necesitadas que viven en la absoluta miseria, durmiendo en chozas de un solo ambiente en los márgenes de las haciendas.
Este tipo de explotación servidumbral está presente en otras zonas rurales del departamento de Santa Cruz como la chiquitanía.
Los indígenas chiquitanos comenzaron a ser sometidos a trabajos forzosos en los últimos dos decenios del siglo XIX en el auge de la explotación gomera, y en los años 30 del Siglo XX durante la construcción del ferrocarril a Puerto Suárez. Algunos huyeron del "empatronamiento" y fundaron en el monte comunidades como Lomerío y Monte Verde, pero no todos se salvaron del cautiverio y de la "esclavitud por deudas".
En 1937 el presidente Germán Bush prohibió el "empatronamiento" y la reforma agraria de 1953 liberó a algunas poblaciones explotadas, pero se mantuvieron las estructuras agrarias pre modernas, luego consolidadas por el gobierno neoliberal y terrateniente de Gonzalo Sánchez de Lozada (1994-1997).
Al comenzar el siglo XXI aún pueden verse en el área rural de Santa Cruz sistemas semi feudales y actores que pugnan por mantener estructuras "no muy modernas", con la mirada puesta en los recursos naturales como el hierro o las mismas tierras, observa el antropólogo Bernd Fischermann, que estudia desde hace décadas los sistemas de acceso y tenencia de la tierra en la región chiquitana. (Chiquitanos y la propiedad comunal de la tierra, PIEB, http://www.pieb.com.bo/nota.php?idn=3068)
Tierra para los cautivos
La CIDH y otros organismos internacionales "enrostraron" al gobierno boliviano la existencia de regímenes injustos y vergonzosos en pleno siglo XXI, e instaron a todos los poderes del Estado a garantizar los derechos fundamentales de comunidades nativas que continúan sufriendo una extrema discriminación.
La CIDH exigió una reforma agraria inmediata, pues la única manera de erradicar la servidumbre es dar tierra a los indígenas cautivos.
Según la CIDH, desconocer el derecho ancestral de comunidades indígenas sobre sus territorios podría afectar otros derechos básicos como el derecho a la identidad cultural y a la supervivencia. Por ello, puede ser necesario restringir el derecho a la propiedad privada particular para preservar identidades culturales colectivas. (OEA- CIDH: "Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia")
El viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan Carlos Rojas han intentado tramitar una tierra comunitaria de origen (TCO) a favor de los guaraníes cautivos de Alto Parapetí, pero los patrones de la provincia Cordillera y sus grupos de choque armados les han impedido hacer su trabajo en tres oportunidades.
El gobierno declaró pausa en el saneamiento en la provincia Cordillera el 13 de abril, luego de una violenta emboscada encabezada por terratenientes y ganaderos que obtuvieron enormes haciendas de manera irregular en las dictaduras y en los regímenes neoliberales del pasado.
El 8 de marzo de 2008, la Cámara Agropecuaria de Oriente, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz, junto con autoridades municipales y hacendados de la provincia Cordillera conformaron "comités de defensa" de las haciendas del chaco. El 14 de mayo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) y otros gremios patronales crearon un Comité Interinstitucional para evitar la "confiscación de la propiedad privada productiva" y el reparto "político" de tierras, es decir la titulación de la TCO guaraní en Alto Parapetí.
Ahora las elites cruceñas imponen a palos un estatuto autonómico que otorga exclusivas competencias legislativas y ejecutivas sobre la tierra a un gobierno cruceño tan autónomo como una republiqueta independiente, y cuyo principal mandato es proteger la gran propiedad privada de la tierra de los terratenientes que encabezan el movimiento cívico prefectural de Santa Cruz.
El líder cívico Branco Marinkovic, enjuiciado por apropiación ilícita de más de 27 mil hectáreas de tierras fiscales e indígenas, impone un régimen autonómico fascista que niega a comunidades indígenas despojadas su derecho a la tierra; que viola varios tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano y que mantiene las relaciones laborales esclavistas en haciendas mal habidas.
No es una prioridad para la "república autonómica" cruceña corregir la desmedida concentración de tierras en pocas manos sino suspender la titulación de nuevos territorios indígenas.
El prefecto Rubén Costas y el cívico Branco Marinkovic dicen que la tierra de Santa Cruz pertenece exclusivamente a los cruceños, pero les niegan una TCO a los guaraníes del chaco, los primeros cruceños.
Los autonomistas desatan una violenta revuelta regional a riesgo de fracturar el país sólo por proteger las haciendas de unos cuantos patrones descendientes de europeos, croatas y turcos

Dirigentes indígenas se declaran en la clandestinidad

Santa Cruz, 11 Sep (Erbol).- Los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob) se declararon este jueves en la clandestinidad, a causa de la persecución de la que son objeto por grupos vandálicos alentados por el prefecto Rubén Costas
.

Un grupo unionistas allanaron al medio día de este jueves las oficinas de la Cidob ubicadas en la villa 1ro de Mayo, estas instalaciones fueron saqueadas, y las viviendas de los dirigentes asaltadas y destruidas.

“Han roto ventanas y puertas y se han robado todo lo que han podido, también destruyeron las viviendas de los dirigentes que solo cumplen el mandato los dirigentes y dirigentas han quedado solo con la ropa del cuerpo”, indicó una fuente vinculada a los pueblos indígenas.


El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, en declaraciones a la Red Erbol acusó a los indígenas guarayos José Urañavi, Ignacio Urapuca, de ser los principales cabecillas de la intervención a la “Casa Grande” de los pueblos indígenas.

“Nosotros queremos denunciar ante el mundo que el prefecto Rubén Costas quiere masacrar a los indígenas que hasta el momento no hemos contestado a ninguna de sus provocaciones”, concluyó Chávez.

Mujeres Indígenas: Construyendo Historia

En Día Internacional de la Mujer Indígena, conmemoramos a la comandanta Bartolina Sisa, guerrillera andina, quien dio su vida por mantener la autonomía y libertad de su pueblo.

Bartolina Sisa comandaba de los ejércitos quechua-aymaras se caracterizaba por la tenacidad y fuerza como gran luchadora andina. Lo cual sigue reflejada en muchas lideresas indígenas que en estos tiempos reivindican los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. .

La Ilustre Municipalidad de Arica, a través de la Oficina Comunal de la mujer y la familia conmemoro el Día Internacional de la mujer Indígena, el sábado en el Hotel Azapainn. Con más de 200 mujeres Aymaras, quechua y mapuches se trabajo en una jornada donde los discursos quedaron de lado y las propuestas de las mujeres para mejorar la situación de las mujeres indígenas fueron planteadas. Para con esto realizar un plan de trabajo.
La cuota de emoción
Se vivió con la obra de teatro Bartolina Sisa, la cual reflejo la vida y lucha de la misma. a través del teatro las mujeres que no conocían la historia de la Comandanta les quedo muy claro por que conmemoramo internacionalmente ese dia.

Mujeres Indígenas

Estas 5 mujeres indígenas fueron homenajeadas y recibieron un hermoso regalo y muy significativo, lo que dio la diferencia a las habituales conmemoraciones donde el galvano o el diploma son lo típico. Esta vez una manta o chal aymara realizados por tejedoras aymaras en telares fue la sorpresa. En las palabras de Alejandra Aracena, manifestó:

¨Con estas mantas tejidas con las manos morenas de las mujeres aymaras hecho en los telares, los cuales tienen historia, historia que ustedes construyen, y llevaran en sus hombros la responsabilidad de seguir luchando por los derechos de pueblos indígenas.

Mujeres guardianas de la Pachamama sigan preservando su cultura, sigan luchando por su territorio y por el cuidado de la Biodiversidad. Sigan levantando su voz aunque a muchos no les guste, aunque muchos las critiquen y creen esteriotipos de las mujeres indígenas como sumisas y tranquilas, por que no lo son, ustedes son luchadores igual que Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, Guacolda, Fresia, Anacaona, Maria Gregoria y muchas mas se alzaron sus voces y sus luchas, sigan luchando para no invisibilizar a las mujeres y triplificar la discriminación por ser mujeres, indígenas y muchas veces pobres. Manifestó.

Mujeres Indígenas destacadas:

Silvia López Blanco: Dirigenta de la Comunidad Indígena Sucesión Blanco del territorio del Lago Chungara.
Pertenece a la mesa de planificación local Lauca (Programa Origenes del BID)
Dirigente del Consejo Autónomo Aymara
Defensora de los derechos de los pueblos indígenas.


Julia Huanca Condori: Sabia mujer aymara (Qolliri) persona que practica la medicina indígena, a través de sus conocimientos ancestrales enseña a los guardines de la Pachamama alumnos y alumnas del Instituto de las Ciencias, Culturas y Tecnologías Indígenas ¨Yatiña Uta¨.

Trabaja como Qolliri en el consultorio Bertin Soto, donde con sus conocimientos alivia a los enfermos.

Vilma Castro Condore: Mujer Quechua, a luchado por la defensa de su territorio, por el cuidado y protección de la Biodiversidad.

Pertenece a la comunidad Indígena de Surire

Hortencia Hidalgo Caceres: Presidenta de la Coordinadora de la mujer indígena rural y urbana de la región. Es vocera del Consejo Autónomo aymara.
Coordinadora regional de la Red Chilena contra la violencia domestica y sexual
Punto focal en Chile de la Red de Mujeres Indígena sobre Biodiversidad.
Profesora y especialista en Biodiversidad,

En los espacios de la ONU y de la OEA participa defendiendo y realizando propuestas en defensa y promoción de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas

Marisol Huanca: Pertenece al Villorio Inti Phaxi del Valle de Lluta
Pertenece a la Red de Mujeres Rurales y a la Asociación Markan Pachaqahantati


Con un almuerzo típico aymara las más de 200 mujeres participantes compartieron con alcalde suplente Waldo Sankán.