viernes, 25 de julio de 2008

Indígenas del Ayllu Jesús de Machaca demuestran ante OPIC quejas contra la actuación de la empresa Manquiri.



(AINI, Potosí 24 de julio) Posterior a un recorrido de campo realizado el lunes 21 de julio, donde los personeros de OPIC (Corporación Norteamericana de Inversión Privada para el Exterior por sus siglas en ingles), las autoridades del Ayllu Jesús de Machaca y los directamente afectados por el reasentamiento involuntario y por la privación de sus tierras de pastoreo, demandaron de OPIC la revisión del cumplimiento de las Políticas de Pueblos Indígenas, de Reasentamiento Involuntario y Evaluación Ambiental.

Según Julián Tarqui, cacique del Ayllu, durante el recorrido se mostró a la OPIC los daños ambientales que ocasiona la empresa en la tierra de los comunarios y comunarias, “los representantes de OPIC han visto por ellos mismo las consecuencias del trabajo de la empresa”

Jean Aden de la oficina de Responsabilidad de OPIC (Director, Office of Accountability en inglés} pudo escuchar y verificar que la empresa Minera Manquiri, responsable del proyecto San Bartolomé y propiedad de la transnacional Coeur d’alene de los Estados Unidos, no ha cumplido ni aplicado de manera correcta la política de Reasentamiento Involuntario ya que ha traslado a 9 familias sin considerar la ejecución de un Plan de Reasentamiento tal como está establecido en dicha política.

Asimismo, originarios del Ayllu Jesús de Machaca, demostraron que la construcción del Dique de Colas que ha merecido la expropiación de parte de Manquiri de 400 hectáreas al Ayllu, no sólo los ha dejado sin sus viviendas sino que, les ha privado de su principal área de pastoreo y fuentes de agua tanto para consumo de agua para su ganado como para consumo humano. Provocando de esta manera el empobrecimiento de las familias del ayllu y verificándose así un nuevo incumplimiento de Manquiri a la Política de Evaluación Ambiental, requisito previo a la aprobación de cualquier soporte financiero que debiera dar la agencia gubernamental de los Estados Unidos OPIC.

Finalmente, con una asamblea general donde los comunarios y comunarias del Ayllu Jesús de Machaca expresaron su voluntad para resolver el conflicto con la empresa minera Manquiri en el marco del respeto a los derechos indígenas y las políticas de OPIC, la delegación del organismo internacional, que esta verificando la queja del Ayllu, concluyó su visita a las comunidades y familias afectadas por la actividad minera.

Leandro Tapia, promotor ambiental de derechos indígenas y originarios de Jesús de Machaca, informa que como resultado de la Asamblea se acordó con OPIC “dar seguimiento al problema ambiental que sufren las familias, al cumplimiento de políticas de relacionamiento con los pueblos indígenas que tiene la OPIC y revisar el tema del reasentamiento involuntario de algunas familias del Ayllu afectadas directamente por el trabajo de la empresa”

Asimismo, en la misma asamblea el Ayllu en su conjunto, demandó de OPIC la atención al cumplimiento de otra de sus políticas la de Pueblos Indígenas, la misma que establece entre otras cosas, la necesidad de que los proyectos que reciben o bien el financiamiento o el seguro de riesgo político, deban beneficiar económicamente a las comunidades afectadas a través del financiamiento de un Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas. El ayllu denunció que la empresa Manquiri no ha mostrado voluntad para financiar el Plan de Desarrollo Originario del Ayllu Jesús de Machaca que ha sido presentado hace un año atrás.

Tapia remarcó que otro punto del conflicto con la empresa es su constante negación a apoyar el Plan Desarrollo Originario, cuya elaboración fue realizado por el Ayllu y aprobado inicialmente por los representantes de la empresa, “ahora Manquiri no quiere reconocer ese Plan de Desarrollo que es muy importante para las familias”

Tal como está establecido en los procedimientos de OPIC, Jean Aden debe escribir un reporte el mismo que a decir de la directora de la oficina de responsabilidad, deberá ser presentado a la presidencia y gerencia de OPIC y a los demandantes, además dicho reporte estará en el portal web de la Institución Financiera.

Los comunarios del Ayllu esperan que los delegados de OPIC presenten en su informe todo lo observado y tomen en cuenta las declaraciones de las familias afectadas, “nosotros queremos que este organismo sea un arbitro imparcial en el problema que tenemos con la empresa Manquiri por eso lo hemos invitado para que venga y reciba nuestras quejas por la actuación de la empresa” asegura Tarqui.

La delegación de OPIC, que está a la cabeza de Jean Aden, informó al Ayllu que tiene previsto entrevistarse con los representantes de la empresa Manquiri y para el mes de septiembre se tendrá un informe final de la visita, tanto Julián Tarqui y Leandro Tapia manifestaron que mientras llega el informe seguirán vigilantes a los trabajos y actuación de la empresa minera.
Equipo de Redacción
AINI
Santa Cruz - Bolivia

Indígenas anuncian movilizaciones en defensa del Referendo Revocatorio

La Paz, 25 Jul (Erbol).- Los 36 pueblos indígenas de Bolivia, a través de sus organizaciones que los representa, anunciaron este viernes que se movilizarán para defender el Referendo Revocatorio de Mandato Popular convocado para el 10 de agosto.
La Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) que aglutina a los pueblos chiquitano, yuracaré, mojeño, ayoréo, anunció que no descarta asumir medidas de presión, no sólo en Santa Cruz, sino a nivel nacional.
“Ellos lo pidieron, ahora se echan para atrás, piensan que el pueblo boliviano es un juguete, nosotros no lo vamos a permitir”, señaló el presidente del CPESC, Diego Faldín.
El presidente de la Asamblea de Pueblo Guaraní (APG), Wilsón Changaray, sostuvo que los guaraníes harán cumplir la Ley del Referendo Revocatorio, ya que dos o tres personas no pueden decidir por los 8 millones de habitantes.
Por su lado, el representante de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Remberto Justiniano, dijo que su sector peleará para que se respete la Ley. El CPIB aglutina a los pueblos buare, canichana, cuyababa, itonoma, more, movima, moxeño, siorionó, yuracaré, tacana, moropa.
En tanto que la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), que reúne a los pueblos mojeños, yuracaré, chimán, movima, no descartó la movilización en defensa del voto de los pueblos indígenas.
“Ahora es el momento en que nuestro voto vale, es una de las conquistas el derecho universal que tenemos de votar, eso nadie nos regaló”, enfatizó el presidente de la CPEMB, Ernesto Sánchez.
EL presidente de la Organización de Capitanías Weenahayek Tapiete (ORCAWETA), Moise Sapiranda, advirtió que las medidas que asumirán serán en contra de los prefectos opositores al actual Gobierno.
La Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (CPILAP), que acoge a los pueblos indígenas leco, mosetén y tacana, advirtió que como pueblos indígenas no piensan dar gusto a la “media luna”, que pretende frenar este proceso electoral.
“Nadie les ha obligado a que aprueben el Referendo, ellos son los que prepararon el chocolate ahora que se lo tomen”, indicó el presidente de CPILAP, José Ortiz.
La presidenta de la Central de Pueblos Nativos Guarayos, Elida Urapuca considera que esta actitud asumida por algunos grupos que no quieren que se lleve a cabo el Referendo Revocatorio de Mandato Popular, sólo intenta confundir a la población.
“Agradecemos a estos personajes que quieren frenar este referendo, porque con lo que han hecho nos abierto los ojos, nadie nos va volver a engañar”, dijo Urapuca.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), a través del Mallku de Tierra y Territorio, Francisco Machaca, indicó que así como los indígenas respetaron todas las leyes elaboradas en los 183 años de vida republicana por los grupos dominantes, “ahora queremos que respeten las leyes que reivindican los oprimidos.
“Nosotros hemos sido sometidos por la leyes que nunca nos ha representado, ahora que hay algunas leyes que nos intentan representar no quieren respetarlas”, enfatizó Machaca.
El diputado de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, presentó un recurso incidental o indirecto de inconstitucionalidad ante la Corte Nacional Electoral (CNE), lo mismo hizo el prefecto Manfred Reyes Villa. Ambos recursos fueron rechazados por la Sala Plena del organismo electoral.
Hace tres días la magistrada suplente del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, emitió un decreto, que según ella, instruía frenar el Referendo Revocatorio; sin embargo, en el texto de ese pronunciamiento no se mencionada nada sobre el tema.
Ayer, la Sala Plena de la Corte Departamental Electoral de Chuquisaca pidió al organismo nacional electoral suspender el acto programado para el segundo domingo de agosto bajo el argumento que debía primero pronunciarse el Tribunal Constitucional respecto a la inconstitucionalidad o no de la Ley que convoca al Referendo Revocatorio.

miércoles, 23 de julio de 2008

Guatemala - Derechos de Pueblos Indígenas: ¿Incongruencias discursivas y simbólicos

Adital -

Por Brisna CaxajEquipo de Relaciones ÉtnicasÁrea de Imaginarios SocialesAVANCSO

La dinámica social, económica y política en la que se encuentra Guatemala nos visibiliza cada vez más la separación que se hace de los derechos humanos y de los derechos de los Pueblos Indígenas, en aspectos económicos, políticos, culturales y colectivos.
Esta disociación de los derechos se enmarca en formas, procedimientos, y técnicas que se despliegan para gobernar las conductas, los cuerpos, las subjetividades de los sujetos sociales, las organizaciones y la sociedad en su conjunto. Es decir que es disociación va permeando las relaciones sociales en todos los espacios y formas. Se hace divisible lo indivisible.

Los derechos humanos, los derechos de los Pueblos Indígenas, la pobreza, la democracia son blancos de intervención, creando y configurando normatividad y políticas. Alrededor de estos se crean y recrean discursos, simbologías y acciones estatales que parecieran incongruentes, de posiciones polares y tendencias políticas y económicas encontradas.
Reflexionar desde una visión crítica, las lógicas, racionalidades y contenidos de los discursos y las acciones estatales, nos permite acercarnos a la voluntad que los mueve, la intención estratégica que los sostiene, al régimen de poder-verdad que subyace en las reivindicaciones y derechos permitidos y los no permitidos (retomando el sentido en que Charlie Hale plantea el Indio permitido).

Los derechos permitidos son los relacionados con algunos de los derechos culturales, principalmente los vinculados con los marcadores de la identidad, como el idioma, el uso del traje y algunas prácticas de la religiosidad o espiritualidad. Se reconocen estos derechos, aunque en la práctica no se respeten ni apliquen en todos los ámbitos, se utiliza cada vez más una simbología maya en el Estado, de algunas imágenes, grifos. Cómo lo es ver en cada una de las Instituciones del Estado la bandera Maya a la par de la bandera Guatemalteca y la Centroamericana.

Los derechos no permitidos son principalmente los económicos y colectivos. Cuando se reclama, reivindica y lucha por los derechos a la tierra, los recursos naturales o de la decisión sobre la implementación o no de los proyectos económicos neoliberales, ahí los Pueblos y los Pueblos Indígenas no tienen derechos. Este tipo de luchas en general es criminalizado y calificado de desestabilizadoras.

Esta tensión de los derechos permitidos y no permitidos, se sitúa en un campo de lucha, en donde según los derechos, las instancias de poder y las clases dominantes, hablan, hacen, coordinan con aquellos sectores sujetos de exclusión, desigualdad, racismo y discriminación, o persiguen, castigan y reprimen. Es decir nos situamos en campos de lucha y tensión en diversos campos sociales, entre las visiones neoliberales, culturalistas del Estado Nación frente a las luchas, reivindicaciones y derechos de los sectores sociales, de los Pueblos Indígenas.

La pregunta es si ¿nos encontramos frente a incongruencias discursivas y simbólicas, o es esta disociación de derechos, la estrategia de poder para fragmentar y desarticular los derechos humanos y colectivos?

Guatemala, 22 de julio del 2008.

Ministerio de Relaciones Exteriores creó unidad de asuntos indígenas

El objetivo de la Cancillería es promover y velar por la ejecución de planes orientados a la resolución integral y pertinente de las necesidades esta población.

Miércoles 23 de Julio de 2008 El Mercurio Online

SANTIAGO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Dirección de Derechos Humanos, ha creado la Unidad de Asuntos Indígenas, la cual estará a cargo de implementar los compromisos asumidos por el gobierno en el marco de la iniciativa "Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad".
Con la creación de esta unidad, la Cancillería busca responder de manera oportuna a uno de los objetivos del gobierno de la Presidenta Bachelet, el cual es promover y velar por la ejecución de planes orientados a la resolución integral y pertinente de las necesidades de la población indígena en Chile.
Entre sus variadas funciones, esta unidad estará a cargo de asegurar el cumplimiento de las tareas asumidas por el ministerio, en la implementación del plan de acción de la política indígena.
También, actuará como contraparte ante organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA), cada vez que éstas soliciten información sobre políticas indígenas.
La Unidad de Asuntos Indígenas de la Cancillería estará integrada por representantes de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y de las Direcciones Jurídica, de Planificación, Medio Ambiente, Asuntos Culturales, Política Multilateral, Política Especial, bajo la coordinación del Director de Derechos Humanos de la Cancillería.

martes, 22 de julio de 2008

Violencia contra las mujeres


Un continuo de descalificaciones, malos tratos, abusos, amenazas, violencia sexual con resultado de muerte en muchos casos.

En la mayoría de los 66 femicidios reportados en 2007, el agresor era pareja o ex pareja de la víctima y los antecedentes muestran que estos asesinatos fueron la culminación de largas historias de maltrato y abuso, en los que la violencia sexual fue parte de las agresiones; de hecho, de acuerdo a los informes periciales, en al menos 10 de los 66 femicidios ocurridos en el 2007, el femicida violó a la mujer antes de matarla.

La violencia sexual está presente desde la infancia en la vida de las mujeres. De acuerdo al Informe de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas – ACHNU de noviembre 2006 sobre la situación de la infancia en Chile:

• Las víctimas de delitos sexuales son principalmente niñas (82.9%).
• Las agresiones sexuales son cometidas en un 97% por hombres.
• Un 95% los agresores sexuales son conocidos por el niño o la niña.
• El 37.5% de los agresores son familiares directos de las niñas y niños (padre, tíos, abuelos, primos).
• En el 27.9% de los casos la agresión se produjo en el domicilio de la víctima; en el
23.5% de los casos la agresión se produjo en el domicilio del agresor, y en el 8.3% en el domicilio de ambos.

La violencia sexual es una de las formas más invisibilizada de violencia contra las mujeres. De hecho, sólo un 20% de las agresiones sexuales se denuncia. Muchas veces no se identifican como tales y se perciben como algo “natural”: miradas intimidatorias y hostigamiento sexual en las calles o en el transporte público, solicitud de “favores sexuales” en el trabajo o en la escuela, abuso sexual en la familia, violación por la pareja, la publicidad que promueve el consumo y abuso de los cuerpos de las mujeres y la violencia sexual. Todo esto forma parte del contexto cultural que sostiene el femicidio.

Insuficiencia de la legislación. Evaluación de riesgo deficitaria. Ineficacia de los mecanismos de protección a las mujeres.

Ante la conmoción generada en la sociedad chilena en 2007 por los brutales asesinatos de mujeres a manos de hombres en quienes ellas supuestamente confiaban o de desconocido que las violaron y asesinaron, quedaron en evidencia las insuficiencias y limitaciones de la actual legislación para proteger la vida de las mujeres: en 7 de los 62 femicidios reportados durante 2007, el femicida era el pololo de la mujer asesinada, relación no contemplada en la ley VIF modificada en 2005. Es decir, las mujeres asesinadas por sus pololos - tipo frecuente de femicidio- no contaron con ninguna protección jurídica, la ley no alcanza para ellas.

De los 42 femicidios ocurridos en lo que va de 2008, al menos en 16 de ellos las mujeres habían denunciado ante los organismos competentes la violencia que sufrían por parte de sus parejas sin que por ello se decretara una medida de protección oportuna, y fueron asesinadas. En 7 de los casos, las mujeres asesinadas en 2008 contaban con una medida cautelar que prohibía el acercamiento del agresor a la mujer, y fueron igualmente asesinadas.

Estos hechos ponen en cuestión la calidad de la actual evaluación del riesgo vital en que se encuentran las mujeres que denuncian, la oportunidad y celeridad con que se decretan medidas cautelares y su eficacia.

La exigencia que el sistema pone a las mujeres en riesgo vital para acceder a una casa de acogida – ser derivadas a estas por instrucción de la fiscalía- dificulta el acceso a un mecanismo de protección que en una situación de riesgo puede salvarle la vida. Esto explicaría la paradoja que mientras tantas mujeres son asesinadas, varios de estos refugios se encuentran ocupados muy por debajo de su capacidad instalada.


Información y sistemas de registro.
Visibilidad/Invisibilidad de la violencia contra las mujeres.

El número de denuncias por Violencia Intrafamiliar desde el año 2001 en adelante ha aumentado en forma creciente. El informe de Estadísticas de denuncias y detenciones por delitos de mayor connotación social y violencia intrafamiliar del Ministerio del Interior, Carabineros de Chile reporta las siguientes cifras:


2001
60.769

2002
68.031
2003
78.948
2004
87.697
2005
93.404
2006
95.829
2007
108.538


(División de Seguridad Pública. Ministerio del Interior, “Frecuencia de denuncias por delitos de violencia intrafamiliar”, www.seguridadciudadana.gob.cl/filesapp/Frecuencias_VIF_ANUAL_2001_2010w.xls

De las 108.538 denuncias VIF efectuadas ante Carabineros de Chile en 2007, el 90.5% corresponde a mujeres, proporción que se ha mantenido en forma constante desde el 2001.

Sin embargo, los delitos de mayor connotación social se publican sin información acerca del sexo de las víctimas, factor clave para conocer la magnitud de la violencia que afecta a las mujeres y su relación con los asesinatos. Esto es particularmente relevante en los delitos de lesiones, violación y homicidio, que además no identifican cuando estos son cometidos en el contexto de las relaciones intimas de las mujeres, familiares u otras.

Por su parte, la información sobre el número de denuncias de VIF se entrega como un dato global sin identificar el tipo de agresiones que se denuncia - violencia sexual, física, sicológica o económica. Todo esto aumenta la invisibilidad de la violencia contra las mujeres y retarda la definición de políticas orientadas a su prevención, sanción y erradicación. Las actuales políticas de seguridad pública y el combate a la delincuencia no identifican a los violadores y golpeadores de mujeres como delincuentes habituales.

La ausencia de una comprensión integral de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos, que considere sus distintas manifestaciones y las conexiones entre estas como parte del mismo fenómeno, refuerza la impunidad de los agresores y la falta de justicia para las mujeres.

¡Callar es ser cómplice! ¿Qué harás tu?, súmate a la campaña nacional contra la violencia a la mujer ¡Cuidado! El machismo mata. Lanzamiento campaña 2008 jueves 24 a las 20:00 horas. Plaza Colon.

domingo, 20 de julio de 2008

La retirada del quechua como idioma oficial de Ecuador molesta a los indígenas


Quito. (EFE).- La decisión del oficialismo de retirar al quechua como idioma oficial en la nueva Carta Magna que elabora la Asamblea Constituyente de Ecuador molestó al colectivo indígena, el más importante del país y afín al Gobierno del presidente Rafael Correa.

"Lamentablemente nos siguen usando como folclore", apostilló la asambleísta indígena Mónica Chuji, al abandonar una reunión del grupo oficialista de la Asamblea, el movimiento Acuerdo País, al cual pertenece.
Visiblemente molesta, Chuji se retiró de la reunión de su grupo, que presidía el propio jefe del Estado.
Correa "se ha mostrado opuesto al reconocimiento oficial del idioma quechua y, por su puesto, el resto de asambleístas" de Acuerdo País le apoyaron, precisó Chuji.
El quechua figura como idioma oficial en la actual Constitución, aunque su uso se circunscribe casi exclusivamente a ese colectivo, que representa al 35 por ciento del total de la población ecuatoriana, según cifras de ese grupo social.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), a la que también pertenece Chuji, había exigido que se mantuviera en la nueva Constitución al quechua como idioma oficial y que se fortalezca su aprendizaje en el sistema educativo nacional.
La Conaie ya había advertido de la posibilidad que el oficialismo retirara el quechua de la nueva Carta Magna, por lo que varios de sus dirigentes han criticado al Ejecutivo.No obstante, algunos asambleístas de Acuerdo País, grupo que es mayoría en la Constituyente ecuatoriana, recordaron que otras decisiones del foro fortalecen la presencia indígena.
Fernando Vega, también de Acuerdo País, dijo que las normas constitucionales garantizan la posibilidad de que se enseñe quechua en las escuelas y que hay otras reformas que impulsan la presencia de ese colectivo en la vida nacional.
Mencionó como ejemplo la posibilidad que se incorpore la denominada justicia indígena a la legislación oficial.
El desacuerdo entre Chuji y el oficialismo se da en un momento en que la Constituyente, controlada por Acuerdo País, que tiene 78 de los 130 escaños que forman la Asamblea, está a pocos días de concluir su trabajo de elaborar la vigésima Carta Magna ecuatoriana.
Según el calendario fijado por la Constituyente, hasta el próximo domingo la Asamblea tiene plazo para dejar lista la Carta Magna, que la próxima semana será leída y revisada por una comisión especial.El próximo 24 de julio la Asamblea aprobará el texto constitucional con el voto de cada uno de los legisladores y, al dia siguiente, se presentará a la sociedad la nueva Carta Magna, con lo que concluirán las funciones del foro, tras ocho meses de trabajo.
Justamente, el presidente Correa, en la reunión que mantuvo hoy con los asambleístas de su grupo político, les felicitó por haber cumplido con la redacción de la Carta Magna en el plazo previsto."Felicitaciones, lo han logrado.
No saben qué contentos estamos todos" con el trabajo de la Constituyente, dijo Correa, tras vaticinar una "victoria contundente del Sí" en el referendo aprobatorio de la nueva Carta Magna, que se celebrará el 28 de septiembre próximo.Por su parte, el pleno de la Asamblea define unas últimas reconsideraciones a varios artículos debatidos, con lo que hoy mismo podría concluir la redacción preliminar del texto.
Entre las reconsideraciones se incluyen asuntos polémicos relacionados con el matrimonio, por la posibilidad que abre para la legalización de uniones homosexuales.
También constan reconsideraciones de normas que buscan impedir la disminución de las rentas para la región amazónica, una de las más postergadas del país, así como la prohibición para que en el futuro se congelen cuentas en las instituciones del sistema financiero nacional.