Latinoamérica: Política ambiental de los países “progresistas”: Buen Vivir vs. Neo-Extractivismo

Por Rebecca Hollender*

15 de noviembre, 2012.- Los gobiernos progresistas de Latinoamérica, principalmente Bolivia y Ecuador (con cierto nivel de apoyo desde Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina y Perú) han introducido un nuevo concepto al debate sobre modelos alternativos de desarrollo que resuena desde los Andes y la Amazonía hasta los Alpes: el concepto del Buen Vivir (1). La propuesta de construcción de un nuevo sistema socio-político-económico sobre los principios de Buen Vivir y el rechazo del modelo neoliberal que llevó a los países industrializados a la opulencia ha formado la plataforma electoral de los actuales presidentes Rafael Correa y Evo Morales. Además, les ha llevado a destacarse internacionalmente por su liderazgo socio-ambiental y su potencial para construir alternativas viables al sistema capitalista devastador e insostenible.

Pero mientras las academias europeas estudian y debaten el concepto del Buen Vivir, la sociedad civil de estos países, que tanto apoyó la llegada al poder de los gobiernos “progresistas” y la construcción (desde lo ancestral) de las propuestas que alimentan la visión moderna de Buen Vivir, se desilusionaba con las contradicciones que estaban ocurriendo entre el discurso y la práctica.

Poco a poco llegó a ser innegable la orientación de estos gobiernos hacia un modelo neoextractivista, que sólo contempla unos pocos avances sobre lo que le precedía: el modelo clásico extractivista que, desde hace quinientos años, ha dejado una estela de devastación social y ambiental y una dependencia económica de los países en la exportación de materiales primas.

Abandono del camino al buen vivir

Los gobiernos progresistas de Latinoamérica, en lugar de realizar una transición para alejarse del modelo extractivista y la herencia subsecuente de ruina ambiental, exclusión social, desigualdad, dependencia económica y erosión de soberanía estatal, han optado por el neoextractivismo. Este modelo se diferencia de la etapa previa por una mayor participación y regulación por parte del Estado: incremento en regalías recibidas desde las empresas transnacionales y cambios en la redistribución (principalmente a través de bonos sociales) de las ganancias de la extracción masiva de recursos naturales no-renovables y no-procesados (2).

El poder e influencia de las empresas transnacionales y los gobiernos que les apoyan no ha cambiado mucho, y menos aún el cumplimiento de estas instancias con normativas sociales y ambientales. A pesar de las políticas de nacionalización de algunas empresas privadas de extracción y producción, estas siguen apuntando sus ingresos en el corto plazo, basando sus operaciones en la rápida explotación y exportación del recurso sin invertir en infraestructura o exploración. Además, siguen disfrutando de condiciones óptimas y preferenciales para su inversión y operación.

Por otro lado, estos gobiernos están cediendo más aún a nuevas influencias que deterioran el marco normativo de los países, alejándolo del Buen Vivir. Tomando el ejemplo de Bolivia, han creado un marco normativo favorable para la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía, la explotación de recursos naturales en áreas protegidas y la apertura del país a organismos genéticamente modificados. Todas estas actividades representan una amenaza al logro de los principios fundamentales del Buen Vivir en Bolivia, como los Derechos de la Madre Tierra, la soberanía y seguridad alimentaria y el derecho al agua (3).

El descontento de la sociedad civil frente a estas violaciones de sus derechos humanos, constituciones y esfuerzos de construir y vivir formas alternativas se refleja en el creciente rechazo del modelo neoextractivista y las discrepancias entre el discurso y las acciones de los gobiernos. La sociedad civil se está manifiestando cuestionando el poder de los líderes con los cuales lucharon en sus procesos políticos. La respuesta de los gobiernos frente al aumento de la oposición social confirma su apuesta por el neoextractivismo y el abandono del camino hacía el Buen Vivir: criminalizan y deslegitiman todo tipo de oposición de grupos indígenas, movimientos sociales y ONG, incrementan el control, monitoreo y censura de estos actores y hasta ejercen la violencia física.

Es más, los criticados bonos sociales, que representan una medida de corto plazo para redistribuir las ganancias de actividades extractivistas hacia programas sociales, sin enfrentar las causas estructurales que hacen necesario esas programas, llegan a ser la mayor herramienta de los gobiernos para defender y justificar el incremento del extractivismo. Mientras, el Estado se hunde más aún en la dependencia de estas actividades a pesar de sus impactos catastróficos sociales y ambientales (4).

A pesar de que los gobiernos de Bolivia y Ecuador han abandonado el camino hacía el Buen Vivir en la práctica (en el discurso continúa), esta propuesta ha llamado la atención de personas y movimientos del mundo entero que están en búsqueda de alternativas viables al modelo convencional basado en el consumismo y crecimiento económico ilimitado.

¿Pero qué es exactamente el Buen Vivir? No hay una sola definición. Como nos muestran claramente Gudynas y Acosta (5) el Buen Vivir es una propuesta en plena construcción que incorpora y está abierto a una pluralidad de conceptos donde los saberes indígenas se encuentran con la sociedad occidental. Existen varias versiones e interpretaciones del Buen Vivir, como las que se encuentran en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Entre los puntos que tienen en común están: el enfoque en el bienestar de las personas y una “plenitud de vida”, la necesidad de convivir con un nuevo tipo de relación con la Naturaleza que reconoce su valor intrínseco y limitaciones físicas, y cambiar el rol, posición y mecanismos del mercado y las formas de relacionarnos económicamente.

Más fácil que definir el Buen Vivir es identificar lo que no es: el Buen Vivir no es un nuevo modelo de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo que va más allá del mismo concepto de desarrollo, concepto que ha sido degradado y manipulado en los últimos 40 años hasta llegar a su extremo perverso actual, en el cual sirve como herramienta de empresas transnacionales, instituciones multilaterales, gobiernos y la elite económica para defender y justificar el consumismo y crecimiento económico a todo costa. El concepto de desarrollo reaparece cada cierto tiempo junto a nuevos términos para asociarlo a características de respeto ambiental y social como lo que fue el desarrollo sostenible y lo que ahora es la economía verde.

Economia verde: otra estrategia para enverdecer el extractivismo

Los planes de reestructuración económica, la ineficacia de la Responsabilidad Social Corporativa en garantizar que las empresas transnacionales respeten el medio ambiente, los derechos humanos y leyes de los países donde operan y el fracaso del llamado “desarrollo sostenible” en mejorar los problemas de desigualdad, exclusión y pobreza sin empeorar el deterioro del medioambiente demuestran que los principios neoliberales y el crecimiento económico no llevan al progreso que busca la mayoría (6).

Sin embargo, a pesar de las obvias y múltiples pruebas, constatadas a lo largo de décadas, que demuestran que el mercado no representa la solución a las metas sociales de desarrollo ni que el crecimiento económico, y el consumo ilimitado, son posibles en un planeta con recursos finitos, las empresas transnacionales, gobiernos y elites que se benefician de estas ideas siguen buscando nuevas maneras de hacer incuestionable la singularidad del crecimiento económico como solución a las múltiples crisis a la que nos enfrentamos.

Así, en el mes de junio de 2012, en Río de Janeiro (Brasil), en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), se buscará aprobar un nuevo término: la “economía verde”. Igual que la Responsabilidad Social Corporativa ha sido utilizada para el lavado verde de las empresas transnacionales, la “economía verde”, pretende hacer lo mismo, pero ahora con un respaldo institucional mucho más extenso: empresas transnacionales, gobiernos, agencias de cooperación, instituciones multilaterales y hasta la misma ONU. Estos actores están cada vez más alineados y aliados para garantizar las ganancias y aumentar el poder del sector privado. A través de los mecanismos de la “economía verde”, como la valorización y la internalización de “capital natural” en la economía (léase mercantilización y privatización de la naturaleza y servicios ambientales), inversiones en nuevas “tecnologías verdes” (con enormes riesgos ambientales) y un enfoque en la reducción de emisiones (sin priorizar el equilibrio ecológico) estos poderes económicos renovarán el modelo que les mantienen, a la vez de aumentar su potencial para nuevas ganancias desde la explotación y privatización de la naturaleza e inversiones en el sector verde (7).

Brasil es un actor crucial en Latinoamérica, y en el mundo, en la conformación y promoción de las propuestas que componen la “economía verde”, a la vez de jugar el rol de modelo para la puesta en práctica de los principios de este nuevo concepto. El modelo que está implementando Brasil ha permitido que sea una potencia económica en América Latina (aunque también ha determinado que sea el país con mayor desigualdad en la región) y está resultando en una serie de catástrofes ambientales y sociales (8). Además, para poder satisfacer la demanda insaciable de recursos naturales y energía que alimenten sus industrias y mercados, Brasil (y China (9)) está ejerciendo su influencia, conjuntamente con empresas brasileras, bancos de desarrollo e instituciones multilaterales, sobre los demás países de la región.

Sus políticas en América Latina incluyen la apertura de mercados a productos brasileros, la promoción y financiamiento de una serie de megaproyectos para la generación de energía y transporte de productos, la expansión de la frontera agrícola y el acceso a materias primas. El requerimiento de Brasil de grandes cantidades de materias primas y el impulso de las mencionadas políticas incentivan a países como Bolivia y Ecuador a seguir basando sus economías en el neoextractivismo, en detrimento de sus sociedades, el medioambiente y el avance hacia el concepto suscrito por estos gobiernos, el Buen Vivir (10).

La viabilidad del buen vivir

Frente a los escenarios de la “economía verde”, la presión desde Brasil, y la tendencia de los gobiernos progresistas de abandonar sus discursos y principios a favor del neoextractivismo, existe la urgente necesidad de una población concienciada y movilizada para rechazar todo aquello que favorece este modelo: el consumismo ilimitado y el crecimiento económico a todo costa. Es necesario formar a una población para construir y llevar adelante nuevas alternativas viables más allá del concepto de desarrollo, como es el Buen Vivir.

La viabilidad del Buen Vivir viene de su capacidad de ir más allá del crecimiento económico como sinónimo, mecanismo e indicador del desarrollo y de aceptar la realidad y limitaciones físicas de los ecosistemas y el carácter finito de los recursos naturales de nuestro planeta. Su viabilidad, igualmente, viene de su capacidad de reconocer que la diversidad no solo es importante en la Naturaleza, sino en nuestras sociedades y culturas también. Su base se asienta en la priorización del equilibrio con la Naturaleza, el respeto a los derechos humanos y la redefinición de la relación con el mercado. Por ello, el Buen Vivir nos ofrece la flexibilidad de construir alternativas desde el nivel local y regional.

Quizás más importante que la potencia y el potencial conceptual del Buen Vivir es su viabilidad de llevar el debate a la práctica (11). En Bolivia, Ecuador y varios otros países de Latinoamérica y el mundo, movimientos sociales, pueblos indígenas y comunidades conscientes están llevando a la práctica alternativas que entran dentro del marco del Buen Vivir. Entre estas alternativas existen modelos de gestión de recursos naturales locales, modelos locales/regionales de producción y consumo de alimentos ecológicos, la revalorización y uso de saberes tradicionales y ancestrales, el trueque, redes de apoyo mutuo comunitario basado en necesidades locales y la provisión de servicios básicos (educación, salud, etc.), la formación de cooperativas comunitarios industriales y para servicios financieros, etc.

Lamentablemente, la sostenibilidad en el largo plazo de cada una de estas alternativas está amenazada por la invasión continua del modelo capitalista y sus intentos de maquillarse con el nuevo paquete de la “economía verde”, lo cuál no propone los cambios estructurales necesarios para tratar los temas de fondo de las múltiples crisis. También, los mismos gobiernos “progresistas”, a pesar del discurso en favor del Buen Vivir, una propuesta que rechaza el crecimiento económico como indicador del bienestar de la población, en la práctica se siguen favoreciendo los intereses que promueven y se benefician de este modelo. Los gobiernos de Bolivia y Ecuador se alejan cada vez más de su retórica y dependen económicamente de la extracción y exportación de sus recursos naturales, lo cuál significa la continuación del saqueo y devastación que empezó con la llegada de la colonia española hace más de 500 años.

Lo bueno es que los círculos de debate y construcción ya existen y la comunidad internacional está debatiendo la propuesta del Buen Vivir, lo cual facilita un idioma y unos conceptos en común para construir propuestas y alternativas entre sociedades y tiempos, empoderando la construcción de modelos desde lo local. Muchas propuestas nacen como resistencia, o como forma de sobrevivir frente al modelo actual, pero todos van creciendo y adquiriendo apoyo e iniciativa propia.

Notas:

(1) También conocido como Vivir Bien, sumak kawsay (en Kichwa y Quechua) y suma qamaña (en Aymara).

(2) Eduardo Gudynas, Behind New Extractivism: New Attitudes, Old Development, Presentación para seminario Environmental Politics in Bolivia: Buen Vivir vs. New Extractivism, New York University, 24 abril de 2012.

(3) Dos casos concretos de nuevas normativas aprobadas por el Gobierno boliviano que contradicen los principios constitucionales del Buen Vivir son: la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agraria 2011 y la entrega, exploración y, en algunos casos, explotación de concesiones petroleras en áreas protegidas (Parque Nacional Madidi, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, Parque Nacional Aguarague).

(4) Eduardo Gudynas, “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa”, en Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Más allá del desarrollo, Fundación Rosa Luxemburgo y Abya Yala, 2011. Y Raúl Prada Alcoreza, Crítica a la economía política del extractivismo, diciembre 2012.

(5) Eduardo Gudynas y Alberto Acosta, “La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa”, The Journal of Sustainability Education, 19 marzo de 2012.

(6) Que el concepto de desarrollo ni entra en el idioma de los pueblos indígenas es muestra de la irrelevancia que el modelo de desarrollo convencional tiene para numerosas poblaciones.

(7) Sandra Guzman, “Transición hacia una economía verde: de la forma al fondo”, y Silvia Ribeiro, “Los verdaderos colores de la economía verde” en Especial de Alai El cuento de la economía verde, septiembre y octubre de 2011.

(8) En su presentación “El cuento de la economía verde o como no solucionar la crisis”, 12 abril 2012, Cochabamba (Bolivia), Camila Morena desmitifica las virtudes de la “economía verde” con una serie de ejemplos que demuestran sus impactos devastadores sociales y ambientales en Brasil. Por ejemplo: la expulsión de comunidades de sus territorios y prohibición de acceso a sus recursos naturales debido a la creación de reservorios de carbono que fundamentan los bonos de carbono en las bolsas de valores, el aumento en contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero resultando de proyectos industriales y extractivistas promocionados y subvencionados pero sin actualmente cumplir con criterio verde, el reemplazo de bosques nativas con plantaciones de especies genéticamente modificados más eficientes en la captura de carbono, etc.

(9) Un análisis de las actividades, rol e influencia de China en la región es fuera del alcance de este artículo.

(10) Entre los impactos de estas políticas son la desplazamiento de miles de personas y comunidades, la pérdida de biodiversidad y diversidad cultural, la contaminación del medioambiente, crisis energéticas internas debido a la exportación de recursos y energía, el aumento en la desigualdad, exclusión y pobreza de la población, la violación de Derechos Humanos, el atentado contra la soberanía y derecho de autodeterminación de los países, la dependencia económica de los países en un modelo exportador insostenible y la participación de ciudadanos en la construcción de sus propios modelos de vida, etc.
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*Rebecca Hollender es miembro del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Justicia (Bolivia).

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Fuente: El presente artículo fue el ensayo final del curso online Repensar el desarrollo: Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales impulsado por OMAL y que se desarrolló del 16 de abril al 11 de mayo de 2012 para alumnado de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Colombia. Omal: http://omal.info/spip.php?article4661#nb2

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SERVINDI

• Ecuador: Difunden nuevos paradigmas metodológicos para la medición del Buen vivir

Amedrentamiento a comunidad mapuche Wente Winkul Mapu / 25 de octubre 2012

Informativo sobre comunidades y presos políticos mapuche de Wente Winkul Mapu 

Uganda, otra victima de la Revolución Verde africana

n África Subsahariana el principal modelo de producción agraria es el modelo tradicional. Los campesinos heredan y reutilizan las semillas seleccionadas a lo largo de siglos, aplican prácticas consuetudinarias y trabajan con herramientas de fabricación propia. En el continente habita un “altísimo porcentaje de pequeño campesinado con menos de dos hectáreas de posesión.

Por poner algún ejemplo: en Nigeria son el 74 por ciento, en Etiopía el 87 por ciento o, aún más, en la República Democrática del Congo, el 97 por ciento.” La mayoría de la población africana practica una agricultura de subsistencia basada en la obtención de los alimentos necesarios para alimentar a sus familias y, en caso de generar excedentes, para conseguir un dinero extra en los mercados locales.

Asimismo, en el continente africano habita el 26 por ciento del total de la población desnutrida del mundo. Los índices de desnutrición se han incrementado en un 41 por ciento desde principio de la década de los noventa del siglo XX. Hoy en día “más de la tercera parte de los habitantes del continente africano padece desnutrición.” El problema de la malnutrición y el hambre es uno de los principales retos a los que se enfrenta la población africana. En el siguiente gráfico podemos ver la cantidad de personas desnutridas (millones) por regiones mundiales, África ocupa el segundo lugar en cuanto a número de personas desnutridas se refiere.

Según los impulsores de la agricultura industrial en el continente africano, la causa de dichos niveles de desnutrición es el atraso en los sistemas de cultivo, ya que los sistemas tradicionales de producción no son suficientemente eficaces como para alimentar a la población africana. Es por ello que varias instituciones y organizaciones, como la Unión Africana o la Fundación Rockefeller, llevan años trabajando en la introducción de la biotecnología en el continente como solución para los problemas alimentarios del mismo.

Por María Echavarría Alonso, Investigadora en Justicia Ambiental, Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid.

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UGANDA, OTRA VICTIMA DE LA REVOLUCION VERDE

Llora mi Tierra

Excelente video y letra

Proyecto de Declaración Americana, sus contenidos y perspectivas. UN DIALOGO INCIERTO.

Por: Aucan Huilcaman Paillama.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos OEA, ha autorizado al Grupo de Trabajo para la realización de una próxima Reunión para la Negociación alrededor del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, evento que se efectuará en Washington DC los día 14 y 15 de abril 2012. A estas alturas de los hechos surgen varias interrogantes que requieren respuestas para tener la suficiente claridad sobre la utilidad del dialogo y del proceso que alguna vez genero expectativas, interés organizativos y convocatoria; del mismo modo resulta extremadamente importante subrayar que la gran mayorías de los derechos calificados como “derechos controversiales” para los Estados ya han sido reconocido por el derecho internacional, a pesar de ellos, no se observan avance significativos en este dialogo. A este respecto merece comentar la “utilidad práctica de una eventual Declaración Americana”.

Sobre lo anterior, hay varias premisas jurídicas y políticas que se deben tener en cuenta sobre este proceso dentro del sistema interamericano. En ésta oportunidad no se abordan los cambios que ha sufrido el Proyecto de Declaración Americana original, tanto el texto adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y el texto presentado por el presidente del Grupo de Trabajo–embajador del Perú, sino, más bien se refiere a identificar la utilidad del Proyecto de Declaración, sus limitados contenidos que subsisten y los grandes desafíos que imprescindiblemente debe superar ante los nuevos parámetros jurídicos estipulados por el derecho internacional.

Del mismo modo es inevitable abordar los contenidos del Proyecto de Declaración Americana, sino, se tiene en cuenta y de manera comparativa la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, considerando que éste instrumento establece un nuevo contexto normativo de derechos humanos a nivel global para los Pueblos Indígenas.

A partir del 13 de septiembre 2007, los Pueblos Indígenas cuentan con un instrumento de derechos humanos de alcance global y por lo mimos son titulares de un conjunto de derechos colectivos, entre ellos el derecho a la libre determinación, derecho que no estuvo exento de grandes controversias antes de su adopción, pero, al mismo tiempo la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene varias limitantes, particularmente aquellas enmiendas introducidas a últimas horas del proceso lo que limita y diluye sus contenidos originales, y entre otros el establecimiento del derecho de “autonomía” en el articulo 4.- y el artículo 46.- del mismo instrumento.

De alguna manera la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas resuelve las grandes preocupaciones que venían manifestando los Estados relativos a la libre determinación, los derechos de tierras, territorios y sus recursos entre otros denominados “derechos controversiales”, pero a la vez en cuanto a los derechos políticos contiene limitante concreta al introducir el concepto de autonomía en una norma de alcance global. A partir de esta situación, el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígena, tiene grandes y mayores desafíos por alcanzar, considerando el cuadro jurídico y normativo establecido en la Declaración de Naciones Unidas, por lo mismo implica una mayor atención activa de parte de los destinatarios y de sus organizaciones con el objeto de valorar su utilidad, evitar que la Declaración Americana no constituya un proceso repetitivos en sus contenidos en otros instrumentos, alejándose del sentido progresivo que comúnmente caracterizan las normas del derecho internacional.

El artículo 4.- de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al introducir el concepto de autonomía establece un evidente retroceso, asunto que no se subsana en absoluto en el Proyecto de Declaración Americana. La autonomía constituye comúnmente un derecho de aplicación interna en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados y susceptibles a restricciones y negociaciones domesticas, es decir, el derecho de autonomía se adapta y convive con las normas internas incluso en el ámbito administrativos, lo que no significa derecho a la autodeterminación.

La introducción de la autonomía y sus limitantes se refuerza con el artículo 46.- de la Declaración de Naciones Unidas y establece en su inciso 1.- “Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes”. A partir de esta limitante el proceso de negociación del Proyecto de Declaración Americana, tiene un desafió natural y urgente en cuanto a superar definitivamente el articulo 46.- pero también superar las limitantes del articulo 4.- de la Declaración de Naciones Unidas de lo contrario habría que revisar detenidamente la eficacia y la utilidad del eventual instrumento con mayores limitantes.

El Proyecto de Declaración Americana tiene cuestiones extremadamente limitativas en sus contenidos que habrá que subsanar, ellos se refiere el artículo IX. sobre Personalidad jurídica y establece “Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración”. De la sola lectura de este artículo se concluye completa y absolutamente las profundas contradicciones con el derecho de libre determinación consagrado en el artículo 3.- de la Declaración de la ONU que establece “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Este es un ejemplo paradigmático para entender los criterios y principios que guían gran parte de los artículos y contenidos del Proyecto de Declaración Americana.

Resulta irrisorio que los Pueblos Indígenas en ejercicio y goce del derecho a la libre determinación acudan a los Estados y obtengan sus respectivas personerías jurídicas. Es más, según las actas del proceso de negociación, éste es un artículo consensuado y no susceptible de revisión comprometiendo seriamente el genuino alcance del derecho a la libre determinación estipulado en el derecho internacional tanto, en el artículo 1.- del Pacto de derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

En cuanto al derecho de libre determinación el Proyecto de Declaración Americana en su Artículo XX.- es muy elocuente y explicita Derecho [a la autonomía o] [y] al autogobierno “Los pueblos indígenas, [como una de las formas de ejercer su] [en el ejercicio del] derecho a la libre determinación [al interior de los Estados], tienen derecho a la autonomía o [y] autogobierno en lo relativo a, inter alia, cultura, lenguaje, espiritualidad, educación, [información, medios de comunicación], salud, vivienda, empleo, bienestar social, mantenimiento [de la seguridad comunitaria], [de las funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial], relaciones de familia, actividades económicas, administración de tierras y recursos, medio ambiente e [ingreso de no-miembros]; [así como a determinar con los Estados los medios y formas para financiar {el ejercicio de estos derechos} estas funciones autónomas].”

Este derecho en este artículo además se encuentra entre corchete, lo que significa que todavía no hay consenso para su adopción. Sin embargo, aquí cabria aplicar definitivamente el principio del derecho internacional regulados por las convenciones de Viena que establece el principio de “Pacta Sunt Servanda” – “Los Pactados se Cumplen” Esto significa que la sola vigencia de la Declaración de Naciones Unidas no daría lugar para seguir discutiendo este derecho y menos mantenerla indefinidamente entre corchete un derecho ya reconocido definitivamente por el derecho internacional. Se Espera que en la organización de los Estados Americanos OEA, no se opongan nuevamente los Estados Unidos y Canadá, tal como hicieron con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el resto son los mismos Estados los que han “Pactado una Declaración en Naciones Unidas”. Por lo mismo, es completamente aplicable el principio jurídico del derecho internacional “Pacta Sunt Servanda”, en este caso los derechos alcanzados internacionalmente no se deben seguir discutiendo, sin embargo, en el Grupo de Trabajo de la OEA estos principios se ignoran a pesar de su vigencia.

Además del principio Pacta Sunt Servanda cabria aplicar el principio de los “derechos adquiridos” internacional, en ningún caso su aplicación sería a toda la Declaración, sino, los derechos establecidos en otros instrumentos y particularmente aquellos reconocidos con el mismo lenguaje y alcance jurídico en lo referente a los articulo 1.- de ambos Pactos de Derechos Humanos y del artículo 3.- de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Si eventualmente el Grupo de Trabajo de la OEA que negocia el Proyecto de Declaración Americana no remedia estas situaciones mencionadas más arriba, concretamente se está negociando bajo criterios y estándares más limitados que los derechos vigentes internacionalmente, de lo contrario la Declaración de Naciones Unidas no está siendo útil o lisa y llanamente las parte que participan en el dialogo y en éstas reuniones están guiados por otros parámetros al margen del derecho internacional.

Por otro lado hasta el momento no se observan organizaciones de los Pueblos Indígenas desplegando esfuerzos concretos para la implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en sus respectivos territorios. La falta de iniciativa y la pasividad en el ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos de parte de los Pueblos Indígenas ha sido evidente tanto, en el uso integral o parcial de la Declaración. A este respecto, surge la legítima pregunta, ¿los Pueblos Indígenas requieren imprescindiblemente de una nueva Declaración? sino, han dado luces de capacidades colectivas, ni institucionales y ni organizativas sumado a la ausencia de una dotación capaz usar los instrumentos existentes. Y si al mismo tiempo no existe la certeza de un progreso en el Proyecto de Declaración Americana, sino, más bien se anuncian menores estándares de los derechos colectivos y en el mejor de los casos una simple repetición de los derechos reconocidos internacionalmente.

Comúnmente se invoca la naturaleza vinculante o declarativa de los instrumentos relativos a los Pueblos Indígenas, independientemente a la naturaleza jurídica de los instrumentos, lo que está en juego de parte de los pueblos Indígenas son las muestras concretas de sus capacidades organizativas, institucionales y políticas en lo que se refiere a ejercer los derechos vigentes bajo el principio de titulares de un conjunto de derechos alcanzados internacionalmente.

La ausencia del uso práctico de la Declaración de Naciones Unidas ha dado lugar a que la dirigencia indígena estén más atentos a las reuniones que han venido celebrando los organismos intergubernamentales basados en el artículo 42.- de la Declaración de la ONU y establece “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración”. En la próxima sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas se abordará el artículo 28.- Este último por sus contenidos tiene vital importancia, sin lugar a dudas, estas reuniones en el sistema internacional son de mucha importancia y deben seguir celebrándose. Sin embargo, los organismos internacionales no son los destinatarios del instrumento, tampoco son los titulares de los derechos. Pero esta realidad da cuenta de una creciente dependencia de los indígenas con el sistema intergubernamental.

Son escasas las experiencias prácticas sobre el uso de la Declaración de Naciones Unidas de parte de los Pueblos Indígenas. En este orden se encuentran los esfuerzos desplegados por el gobierno de Bolivia que le otorgó estatus legal a la Declaración y durante el mes de agosto 2009, el gobierno adoptó un Estatuto de Autonomía, éste instrumento por sus contenidos es más propio de un estatuto de un organismo municipal o una ley orgánica constitucional y no tiene mucha relación con la autodeterminación.

Por otro lado se reciben noticias de los esfuerzos desplegados por las organizaciones del Pueblo Mapuche en Chile, que han comenzado a propiciar los incipientes esfuerzos mediante la instalación de la Escuela para el Autogobierno Mapuche y como consecuencia han abierto un debate nacional entre todos los actores interesados sobre un Estatuto de Autogobierno Mapuche basado en el artículo 3.- de la Declaración de Naciones Unidas.

En conclusión, en la era de la vigencia de la Declaración de Naciones Unidas, los Pueblos Indígenas son titulares de un conjunto de derechos colectivos entre ellos el derecho a la libre determinación, sin embargo, no se observa el sentido práctico y político de la titularidad de tales derechos de parte de los indígenas. En consecuencias los líderes indígenas concurren a una nueva negociación en Washington con más derechos ante el Proyecto de Declaración Americana, pero pareciera que persiste un sentido atávico que impide en ejercer las potestades que se derivan de los derechos adquiridos por el derecho internacional y la aplicación práctica del principio del derecho internacional “Pacta Sun Servanda”. Eventualmente esta situación atávica de los líderes indígenas responde al largo proceso de colonialismo y asimilación que han implementado los Estados y por ellos no observan luces claras del uso apropiado del nuevo escenario jurídico de derechos humanos que disponen a partir de una Declaración que reconoce los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas.

La nueva reunión en Washington sobre la negociación del Proyecto de Declaración Americana y su continuidad tiene condiciones imperativas e insoslayables en cuanto a subsanar las limitantes enunciadas y no repetir los derechos adquiridos, ni sea una reunión de autocomplacencia para los Estados con los líderes Indígenas. Sin embargo, con el apresuramiento que se efectúa el evento y predeciblemente el poco avance que habrá la reunión no es más que para presentar una nueva resolución en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Cochabamba, Bolivia y conseguir que dicha Asamblea General le otorgue al grupo de Trabajo un nuevo mandato y continuar con un dialogo incierto en tiempo y en contenido.

La afirmación de la continuidad de un dialogo incierto en tiempo y en contenido no es antojadiza, sino, se sustenta en antecedentes al momento que la Asamblea General de la OEA adoptó dos resoluciones consecutivas para celebrar consultas de buena fe con las organizaciones indígenas para avanzar y consensuar propuestas y ningún Estado celebró consulta convirtiendo en una práctica la falta de cumplimiento del propio mandato.

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA en Cochabamba y Pueblos Indígenas.

El lugar y el foro político en donde las organizaciones Indígenas deben trasladar sus posiciones y se despejen las dudas enunciadas es en la Asamblea General de la Organización de Estado Americano OEA a efectuarse durante la primera semana del mes de junio 2012 en la ciudad de Cochabamba Bolivia. A este respecto, con justa preocupación las organizaciones indígenas se están auto-convocando para trasmitir todo y cada uno de los puntos que preocupan sobre el incierto rumbo del Proyecto de Declaración Americana.

Declaración de la IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas

“Tejiendo Alianzas por la Defensa de la Madre Tierra”

Cartagena de Indias, Colombia

Abril 11 y 12 de 2012

Nosotros, los Gobiernos de los Pueblos, Naciones y Organizaciones Indígenas de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y en defensa de la Madre Tierra, caminamos juntos la palabra

CONSIDERANDO

1. Que el modelo de desarrollo económico implementado por los Estados del continente americano desconoce nuestra realidad y nuestro Desarrollo Propio; omite el reconocimiento del buen vivir, el equilibrio y la armonía de nuestro ser indígena con la Madre Tierra.

2. Que las políticas Estatales de mitigación y reducción de los impactos del cambio climático han resultado ineficaces y han evidenciado su fracaso, promoviendo la mercantilización del ambiente (REDD+, bonos de carbono y economía verde).

3. Que la adopción e implementación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser un compromiso de los Estados para detener el etnocidio de nuestros pueblos.

4. Que la hoja de coca tiene un carácter sagrado, milenario y cultural y es alimento material y espiritual para nuestros pueblos.

5. Que se debe garantizar el ejercicio de la libre determinación de nuestros pueblos y fortalecer nuestra calidad de Gobiernos Propios en las instancias internacionales.

6. Que los Estados Americanos miden la inequidad social y/o prosperidad de los Pueblos Indígenas a través de indicadores y metas generalizadas y no a través del ejercicio efectivo de nuestros derechos reales sobre los territorios ancestrales. Impidiendo el deber de protegerlos, respetarlos y salvaguardar a la Madre Tierra como sujeto de derechos.

7. Que La integración regional debe consolidarse como un espacio de reconocimiento y respeto por nuestros pueblos, así como la superacion de la inequidad social y toda practica colonialista en las relaciones entre los Estados y entre éstos y los pueblos

DECLARAMOS a los jefes de los Estados de la Región, reunidos los días 14 y 15 de 2012 en el marco la VI Cumbre de las Américas realizada en Cartagena de Indias, Colombia, lo siguiente:

I. Frente al modelo de desarrollo económico:

1. Este se ha reducido a la intervención y al despojo ilegítimo de nuestros territorios, así como a la sobreexplotación de los bienes naturales que hemos conservado milenariamente, sometiéndonos inevitablemente al genocidio y al exterminio.

2. Afirmamos que la superación de la inequidad social de nuestros pueblos debe alcanzarse a través de la adopción e implementación de instrumentos jurídicos y políticas públicas que nos protejan y garanticen el ejercicio de nuestros derechos, previniendo potenciales vulneraciones, la devastación de nuestro territorio, así como las afectaciones que pongan en peligro nuestra pervivencia física y permanencia cultural.

3. La Integración Regional debe superar la perpetuación de la intervención económica, política y social en nuestros territorios.

II. Frente al cambio climático:

1. Dado el carácter de ser vivo que tiene la madre Tierra existe la necesidad de implementar nuestros aportes y prácticas milenarias que mitigan y reducen los impactos del fenómeno del cambio climático.

III. Frente a la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas

1. Requerimos un compromiso serio y respetuoso por parte de los Estados dirigido a fortalecer económica y políticamente el proceso de concertación con las autoridades y organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas de la región, que permita adoptar e implementar en el termino de un año este instrumento jurídico y consecuentemente se cumpla con los deberes y obligaciones que por naturaleza le son inherentes a los Estados. Manifestamos nuestra preocupación frente a la decisión de países como Estados Unidos y Canada de retirarse del proceso de negociación poniendo en riesgo el consenso y los acuerdos logrados en 13 años de negociaciones.

2. Respetar el principio de progresividad de los derechos y abstenerse de incorporar en la Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas disposiciones regresivas y tener como estándar mínimo para las negociaciones, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Instamos a fomentar el dialogo y no cerrar los canales de comunicación sobre los ejes fundamentales para la protección de los pueblos indígenas.

IV. Frente al Derecho a la libre determinación y el reconocimiento de Gobiernos Propios de los Pueblos Indígenas.

1. Implementar un espacio de diálogo y articulación permanente y horizontal dentro de la estructura de la OEA, con el fin de garantizar la consolidación de los principios democráticos dentro de la Organización. Esta instancia debe avanzar en la implementación y seguimiento de las políticas gubernamentales que afecten a los pueblos indígenas, así como evaluar la continuidad de los acuerdos celebrados entre los estados y los indígenas del continente, como también las decisiones tomadas en el marco del Sistema Interamericano de DDHH.

2. Respaldamos todos los procesos de consulta a los pueblos indígenas en el marco del convenio 169 de la OIT.

3. Despenalizar el consumo de la hoja de coca en su estado natural por tener carácter sagrado, milenario y cultural y es alimento material y espiritual para nuestros pueblos.

Que los gobiernos de las Américas contribuyan a la democratización de la palabra y sus estrategias de comunicación propia mediante la apertura y ejecución conjunta con las organizaciones indígenas, verdaderas políticas públicas diferenciales en el tema de la comunicación indígenas. Legitimar el mandato de la Primera Cumbre Continental de Comunicación indígena del Abya Yala, realizado en el Cauca, Colombia, como la hoja de ruta para los planes estratégicos de los pueblos y Estados en el tema de comunicación diferencial.

V. Frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

1. Instamos a los órganos de protección del Sistema Interamericano (Comisión y Corte Interamericana de derechos Humanos) a proteger los derechos de los pueblos indígenas, en consonancia con los instrumentos internacionales de protección de Derechos humanos, en donde deberá primar la protección de los pueblos Indígenas por encima de la ejecución del modelo de desarrollo económico extractivo y de desterritorialización adelantado por los Estados de la región.

2. Convocamos a los Estados a reconocer y aplicar los mandatos del Sistema Interamericano.

VI. Frente a los Derechos Humanos:

1. Solicitamos a los Estados que frente a la existencia de cualquier conflicto, primen las soluciones políticas; en ese sentido, instamos al Estado colombiano a generar todas las condiciones en lo que sea de su competencia, a buscar una solución política al conflicto armado que nos aqueja, de lo contrario se perpetuará el exterminio al que actualmente están sometidos nuestros hermanos colombianos.

2. Exigimos respeto de los Estados hacia nuestros territorios y a nosotros mismos, en razón a la campaña de militarización y criminalización a la que nos han sometido en la región.

3. Invitamos a la adopción de una Convención Americana que proteja real y efectivamente el derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado. Este instrumento jurídico debe ser respetado por los Estados en consonancia con el carácter de derecho humano del mismo y su contenido inescindible con la existencia de los pueblos indígenas.

4. Las políticas diseñadas para proteger e implementar los derechos de los pueblos indígenas deben construirse de manera concertada y garantizar su enfoque diferencial.

5. Doblegar esfuerzos en la protección de los niños, niñas, mujeres y jóvenes indígenas.

6. Consolidar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, ratificar nuestra ocupación y posesión ancestral, así como garantizar el goce efectivo del derecho a la propiedad territorial.

Recomendamos:

Apoyamos ala demanda marítima de Bolivia, e instamos a los Estados involucrados, a encontrar soluciones definitivas y a la brevedad posible, en el marco de la integración regional para el buen vivir y la prosperidad del Abya Yala (Américas).

En este marco de integración de los pueblos, específicamente de los indígenas y siendo el año 2012, de reencuentro, de reconciliación, de nuevos tiempos, sugerimos que la República Hermana de Cuba pueda participar desde la próxima Cumbre de las Américas.

Finalmente, mantenemos nuestra disposición en continuar fortaleciendo los procesos democráticos y de dialogo en la región, considerando que mientras los Estados del hemisferio manifiesten su voluntad política y avancen en la construcción de vías discusión, nuestros Gobiernos Propios caminarán hacia la construcción de un Tratado de los Derechos de los Pueblos Indígenas que ratifique nuestros derechos milenarios y fortalezca nuestras alianzas en defensa de la Madre Tierra.

Con el propósito de fortalecer nuestra integración y unidad, adicionalmente decidimos

Constituir el Consejo de las Organizaciones Sociales de los Pueblos del Abya Yala

V Seminario Taller Internacional en Derechos Indígenas Originarios Campesinos: “Plurinacionalidad, Descolonización y Comunicación”

La Paz, 17 a 21 de abril de 2012

(APC Bolivia).- Antecedentes.- El Seminario - Taller se realiza como continuidad de un proceso de reflexión iniciado en el marco del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originaria Campesina y busca contribuir al reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La plurinacionalidad no es un concepto étnico sino un concepto político sustentado en la apertura del contrato social (que se expresa en la CPE), las diferencias que pueden ser étnicas, o de género, o de cultura, o de edad, etc. El concepto de plurinacionalidad ha sido propuesto por el movimiento indígena originario campesino para superar la condición de racismo, exclusión y violencia que caracteriza al Estado-nación moderno en contra de los pueblos indígenas, pero la plurinacionalidad puede también generar condiciones de posibilidad para incorporar al Estado prácticas de reconocimiento a las diversidades de género, por ejemplo. Existe otro ámbito de derechos a los cuales la plurinacionalidad puede albergar y que no están en una clave étnica o cultural, como por ejemplo, los derechos de las futuras generaciones. Por ello, la plurinacionalidad del Estado no es un estatuto especial para los pueblos indígenas, sino una condición de la política moderna para generar accesos, reconocimientos e interculturalidad para toda la sociedad. La plurinacionalidad permite el acceso y la igualdad de derechos tanto para los pueblos indígenas como para los sujetos modernos. Los sujetos más interpelados por la plurinacionalidad, entonces, no son necesariamente los pueblos indígenas sino los sujetos modernos e individualizados. La plurinacionalidad atañe a toda la sociedad. Es pensada desde lo indígena pero con proyección nacional.
La idea de Estado Plurinacional es producto de varios procesos de lucha y, de una acumulación histórica que han creado las condiciones para realizar la Asamblea Constituyente e iniciar el proceso de transformación del Estado. En este sentido, el Estado Plurinacional es algo que no se puede definir sin tomar en cuenta la historia de constitución de sujetos, de luchas y la forma específica en que estas fuerzas han imaginado y diseñado, es decir, han hecho propuestas sobre el Estado Plurinacional.
Dos son las condiciones histórico-políticas de posibilidad para la construcción de un Estado y para su definición. Por un lado, la definición del tipo de Estado depende de los sujetos, los que construyen un conjunto de instituciones políticas sobre un conjunto de relaciones sociales que han articulado, como también por aquellos que están en relaciones de subordinación o en condición de gobernados o dirigidos; también hay otro conjunto de sujetos que sirven de mediadores entre ambas condiciones. En este sentido, cabe prestar atención a los procesos de constitución de los sujetos y la articulación del conjunto de relaciones, para poder dar cuenta de la cualidad y del tipo de instituciones políticas que se organizan, y del modo en que éstas se articulan como Estado con un sistema de instituciones políticas.
La construcción de un Estado Plurinacional implica que no sólo se trata de reformar las relaciones entre Estado y sociedad civil o entre ciudadanos y gobierno y estructuras estatales, que pertenecen en última instancia a un mismo tipo de sociedad, sino que lo que se trata de articular de nuevo modo son estructuras sociales provenientes de diferentes matrices de sociedad, además de poblaciones que se han socializado o formado en diferentes conjuntos de relaciones sociales, cosmovisiones, lenguas y también bajo diferentes estructuras de autoridad.

Para construir un Estado Plurinacional tiene que haber naciones. Un modo de ver el proceso de organización y unificación que se ha dado tanto en las tierras bajas como en las tierras altas, es pensarlo como procesos de articulación y rearticulación de naciones, es decir, constitución de sujetos, de colectividades, de comunidades, de sociedades que están orientadas a que sus formas de autoridad y autogobierno también sean parte del Estado. Aquí cabe pensar que la nación es un modo de traducir a términos modernos un proceso de articulación y unificación política que pretende articular vida económica, vida social, reproducción social y formas de gobierno en relación a territorios históricos, es decir, formas de totalización o de re-totalización en relación a largos tiempos de dominación y, en muchos casos fragmentación.
No todas las culturas y pueblos que habitan en territorio boliviano se están concibiendo a sí mismas como naciones, pero hay muchas que han tenido mayor capacidad de unificación en lo interno y de articulación de fuerzas en los dos grandes ámbitos del país, que se están consiguiendo sí mismas como naciones, como un modo de posicionarse como sujetos y totalidades sociales, que demandaron la reforma del Estado boliviano.
La idea de Plurinacionalidad y el proceso de construcción de un Estado Plurinacional, tienen como condición básica, la articulación de naciones que han estado encarnadas y desarrolladas por estos procesos de articulación de las asambleas indígenas en las tierras bajas y por una articulación del desarrollo del sindicalismo autónomo campesino en las tierras altas, articulado con procesos de reconstitución de estructuras de autoridad tradicional y el desarrollo de un discurso nacionalitario en el mundo aymara y quechua.
Aportar a ese proceso de reflexión sobre plurinacionalidad y de la construcción del Estado plurinacional implica también el establecimiento de espacios que permitan realizar un proceso de análisis y reflexión entre organizaciones indígenas de América Latina y Bolivia sobre la viabilidad de este nuevo planteamiento de estructuras políticas, sociales y culturales.
El Seminario - Taller responde a la necesidad de continuar favoreciendo un proceso de reflexión e intercambio interno de las organizaciones indígena originario campesinas e interculturales, de capacitación en derechos humanos e indígenas y de reflexión acerca del papel de la comunicación en el proceso de transformación del Estado. Le reflexión y análisis posibilitaran el planteamiento de propuestas normativas y de políticas públicas.
La realización del Seminario-Taller se define como una propuesta estratégica en la búsqueda de generar las condiciones para la continuidad del debate y análisis.
Este evento se da en el marco de la planificación de la Escuela de Formación Integral de Liderazgo Indígena en Derechos, Género y Comunicación que es parte del Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural, iniciativa impulsada por las Confederaciones Nacionales de Bolivia (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia- Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS).

Objetivo:
Establecer un espacio de reflexión entre organizaciones indígena originario campesino e interculturales sobre los desafíos de la implementación del Estado Plurinacional, el proceso de Descolonización, Proceso Autonómico y Comunicación, en busca de una reflexión que permita encontrar pistas para aportar en la implementación del Estado Plurinacional y el fortalecimiento de su capacidad de incidencia y el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos e interculturales.

Participantes:
50 personas entre delegados y delegadas de Argentina, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Paraguay, México, País Vasco, Portugal y una importante presencia de participantes de Bolivia.
Destacados y destacadas expertos y expertas de diferentes países y de Bolivia como Bartolomé Clavero (España), Franco Gabriel Hernández (México) Lorena Cabnal (Guatemala) y otros.
Lugar y Fecha
El V Seminario – Taller Internacional se realizará entre los días 17 a 21 de abril de 2012, en la ciudad de La Paz - Bolivia

COMUNICADORES INDÍGENAS DE SUDAMÉRICA EN LA AGENDA DE LIMA

Con la consigna de que la comunicación es un medio para la reivindicación, la defensa y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, comunicadores indígenas de sudamérica se reúnen en nuestra capital para fortalecer las estrategias de comunicación de sus organizaciones en base a la reflexión sobre los procesos de consulta previa, libre e informada que se viven actualmente en Bolivia, Ecuador y Perú.

El Taller internacional de Comunicación indígena: Fortaleciendo e impulsando la agenda de los pueblos indígenas, reúne a comunicadores originarios de los pueblos quechua de Bolivia, mapuche de Argentina, likanantay de Chile, y quechua, aymara y amazónico del Perú, para fortalecer el proceso de comunicación indígena en nuestro país y articular la red de comunicadores indígenas promovido por la organización Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, desde el año 2004.

En este marco, del 29 al 31 se realiza el Premio Anaconda “la imagen de todos los pueblos. Con una muestra que incluirá 12 películas de género documental, ficción y animación sobre los pueblos Guaraní del Brasil, Emberá de Colombia, Maya de centro América, Huarpe de Argentina y Afro de Venezuela y que congrega comunicadores y cineastas indígenas del Perú y el mundo, cuya diferencia a parte de ser una temática enfocada en la Amazonía, es que las producciones han sido realizadas por los propios pueblos indígenas.

El premio anaconda es Organizado por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), red integrada por personas de diversas organizaciones indígenas y no indígenas de varios países de América Latina que desde 1985 realizan actividades de colaboración intercambio y apoyo mutuo en comunicación desde una mirada integral, así como en la capacitación, producción y difusión del cine y video indígena.

Las actividades forman parte de las celebraciones del 2012 como el año internacional de la comunicación indígena, proclamado en el Congreso Nacional de Comunicación Indígena de México en febrero del presente año.

Ceremonia de Espiritualidad

SUSANA BACA ANFITRIONA DEL PREMIO ANACONDA

La ex Ministra de Cultura del Perú y ganadora del Grammy Latino, Susana Baca, será la anfitriona de la sexta edición del Premio Anaconda “La Imagen de Todos los Pueblos” al cine indígena y afrodescendiente.

Diva afroperuana conducirá la ceremonia de premiación que se realizará el sábado 31 de marzo a las 7 p.m. en el Centro Cultural de España (Jr. Natalio Sánchez 181, Lima).

La ex Ministra de Cultura del Perú y ganadora del Grammy Latino, Susana Baca, será la anfitriona de la sexta edición del Premio Anaconda “La Imagen de Todos los Pueblos”, iniciativa que galardona al cine indígena y afrodescendiente de la Amazonía, el Chaco y los Bosques Tropicales de América Latina. La ceremonia se llevará a cabo el sábado 31 de marzo a las 7 p.m. en el Centro Cultural España (Jr. Natalio Sánchez 181, altura cdra. 6 Av. Arequipa).

Intérprete, compositora e investigadora, Susana Baca ha elaborado y presentado repertorios que van desde la canción negra tradicional de la costa peruana, la interpretación de poesía de autores peruanos y latinoamericanos, así como la recreación en la música de la raíz negra del Perú, Latinoamérica y del Caribe.

Los aproximadamente 200 temas de este repertorio han sido presentados en más de 800 conciertos en los teatros más importantes de casi todas las capitales de los cinco continentes del mundo. Fue ganadora del Grammy Latino al mejor álbum folklórico, “Lamento negro”, en 2002 y reconocida por su contribución a la canción “Latinoamérica” del grupo Calle 13 quien se alzara con este reconocimiento en 2011.

Baca se desempeñó también como Ministra de Cultura del Perú desde el 28 de julio de 2011 al 10 de diciembre del mismo año. Durante su gestión fue elegida por la OEA para presidir la Comisión Interamericana de Cultura.

Ella será acompañada en el escenario por el escritor y periodista, Róger Rumrrill, uno de los principales defensores del legado cultural amazónico. Rumrrill tiene en su haber 25 libros sobre la Amazonía, en un abordaje múltiple desde la historia, el ensayo, la narración, el guión de cine, la poesía y el periodismo. Es además miembro asociado de CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú.

La ceremonia contará con la presencia del cineasta peruano, Fernando Valdivia, director de la película en competencia “La Travesía del Chumpi”, acerca del viaje de un niño al principal santuario del pueblo Achuar. Desde Guatemala, se hará presente Álvaro Revenga, quien participa de esta edición con el documental “El Oro o la Vida”, narración sobre la lucha del pueblo Maya para poner freno a la expansión minera por medio de las consultas comunitarias.

La ceremonia incluirá una intervención especial por parte del Grupo Cultural Yuyachkani, además de música afro-amazónica, en una fiesta cultural y cinematográfica inolvidable.

Las películas que compiten por el Premio Anaconda podrán ser vistas el jueves 29 y viernes 30 de marzo a las 7 p.m. en el Centro Cultural de España.

Vea el programa completo aquí.

http://www.chirapaq.org.pe/premio-anaconda-2011/susana-baca-anfitriona-del-premio-anaconda/

PREMIACION DE LA VI VERSION DEL FESTIVAL DE CINE ANACONDA Y ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN INDÍGENA

En Lima Perú se realiza la Premiación Oficial de la VI Versión del Festival del Premio Anaconda 2011, Festival que recibió mas de 150 producciones audiovisuales quedando para las muestra oficial itinerante 21 producciones audiovisuales provenientes de Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, Guatemala y México, que recorrieron varios países y regiones es así que esta muestra también visito a Arica en el mes marzo, donde contamos además con un jurado local, compuesto por Hortencia Hidalgo (Profesora, comunicadora audiovisual y dirigente aymara ), José Vergara (Artista Visual ) y Cristian Baez ( Dirigente Afrodescendiente) quienes tenían la responsabilidad de dar dos premiaciones una es el Gran Premio Anaconda y el Premio especial Mirada Afrodesendiente los cuales cayeron en dos producciones ¨ Intervención, Agresión y secuestro ¨documental de Bolivia y ¨Los Caminos del Grupo Eleggua ¨ Venezuela, ambos trabajos tuvieron premiaciones que serán entregados en la ceremonia oficial en la Capital de Perú – Lima , en donde estará presente como parte del equipo de trabajo de Anaconda, quien es miembro de CLACPI y Director del Centro de Comunicación e investigación indígena Chaskinayrampi, Fernando Anza quien además tiene la responsabilidad de llevar la vocería a los medios de comunicaciones locales en Perú, para poder difundir y conocer mas aun de este Festival de Anaconda, daremos a conocer además del XI Festival Internacional de cine y comunicación de los pueblos indígenas a realizarse este año en Colombia.

Como parte de las actividades de este viaje a Perú además se desarrollara el Encuentro Internacional de Comunicación Indígena, que es organizado por Chirapaq ( Centro de culturas indígenas del Perú en alianza con (CEFREC ) Centro de formación y realización cinematográfica de Bolivia ) el encuentro que reunirá a comunicadoras y comunicadores indígenas y Amazónicos del Perú y a otras nacionalidades de Pueblos y comunidades ancestrales, donde daremos a conocer los avances y nuevas experiencias en materia de la comunicación audiovisual indígena y en torno a nuestro derecho de seguir comunicando y ser portadores de nuestros propios mensajes con una identidad basada en el respeto y en los principios de nuestra cosmovisión Indígena

“Quienes formamos parte de CLACPI apuntamos hacia la construcción de un sistema de comunicación indígena, el cual es un proceso que tiene muchos sentidos y muchas vías, entre otras también políticas. Se trata de el uso de herramientas de comunicación, entre ellas el cine, la radio y la televisión, como estrategia para alcanzar una reivindicación legítima de los intereses de los pueblos indígenas en la sociedad actual”, concluye.

El festival forma parte de las celebraciones del 2012 como Año Internacional de la Comunicación Indígena, proclamado en el Congreso Nacional de Comunicación Indígena de México en febrero del presente.

El Premio Anaconda es organizado por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), Fundación Praia; CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el apoyo de la Comunidad Andina.