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26 de Mayo de 2009
Economía y Negocios Online
D. Bustamante y B. Aguirre
Los terrenos van desde la Región de Arica hasta la de Magallanes. "Empresarios tendrán que hacer grandes esfuerzos para que el mundo indígena confíe en ellos", dijo Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras.
Aunque han aclarado que el tema aún no está resuelto y que quedan etapas por solucionar antes de llegar a un texto definitivo, el Código de Conducta Responsable (CCR) en el que se encuentra trabajando el Gobierno ha despertado preocupación del mundo privado.
Es que el CCR a contar de septiembre (inicialmente en forma voluntaria para el sector privado, para luego transformarse en ley general) generará normas de protección para la comunidad indígena de Chile, basado en el Convenio 169 de la OIT, el que fue suscrito por el país en 2000 y ratificado por el Congreso a inicios de 2007, no sin polémica jurídica (ver recuadro). Y aunque el código aún no está concluido, ya se conoce que éste tendrá injerencia en un terreno de 9.448.630 hectáreas repartido entre Arica y Magallanes.
Esto porque el CCR -que entre otras cosas busca que las iniciativas privadas compartan sus beneficios con el mundo indígena o que los proyectos sean evaluados por un consejo especial para la materia, con participación activa de comuneros indígenas- afectará las Áreas de Desarrollo (ADIs) y terrenos indígenas.
Uno de los temas por resolver es la forma de aplicar la normativa en terrenos de las ADIs, dado que en estas zonas no sólo hay territorios pertenecientes a indígenas, sino que también de particulares y sociedades, sobre los cuáles tendría injerencia el nuevo estamento. "Como en las ADIs hay tierras indígenas, fiscales y privadas, se trata de un tema que posiblemente será revisado en la versión definitiva del CCR", afirmó Rodrigo Egaña, comisionado presidencial para Asuntos Indígenas.
Si bien el Gobierno ha presentado el borrador del CCR a los privados (empresas, universidades y ONGs) con la oportunidad de que éstos presenten sus observaciones, no son pocos los que ven en la iniciativa un serio riesgo a las inversiones, sobre todo por la incertidumbre que generan estas normas, al menos en la manera que está planteado el texto y porque éste iría mucho más allá de lo que el propio Convenio 169 indica, el cuál sólo ha sido ratificado por una veintena de países, entre ellos Fiji, México y Perú. "El CCR tiene una serie de indicaciones generales que no son aplicables a no ser que efectivamente se modifiquen las leyes que nos rigen hoy, tanto en el Código de Aguas, como en el Código Minero o todas las leyes", afirmó Patricio de Solminihac, subgerente de SQM, una de las empresas que ha mostrado reparos a la norma.
Para el ejecutivo esta situación tiñe de dudas el futuro de las inversiones. "Efectivamente si es que vamos incorporando incertidumbre o situaciones de las que no se sabe cuál va a ser el efecto, son temas que influyen al momento de tomar una inversión", acotó De Solminihac, agregando que todas las inquietudes han sido canalizadas con el gremio minero. El propio presidente de la Sonami, Alfredo Ovalle, manifestó a "El Mercurio" sus reparos con la iniciativa. "Esto implica una compleja discriminación negativa respecto de los chilenos no indígenas", dijo el dirigente gremial en alusión a la normativa "especial" con que quedarían algunos compatriotas.
El freno a la inversión que podría venir de la mano de estas normas lo confirma Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras: "Creo que los empresarios tendrán que hacer grandes esfuerzos para que el pueblo indígena confíe en ellos".
"Va a tener que afectar con toda certeza los proyectos forestales en el sur, los que existen y los que pudieran venir y también afectará a los proyectos mineros y centrales hidroeléctricas", dice.
Las dudas
Otro sector inquieto por la futura norma es el eléctrico. Rodrigo Castillo, presidente de Empresas Eléctricas A.G., dijo que existen "dudas de carácter jurídico respecto del Convenio 169 y su ejecutabilidad en Chile".
En esta materia, el abogado Arturo Fermandois, afirmó que la constitucionalidad de estas normas no está zanjada, ya que el Tribunal Constitucional (TC) sólo aprobó aquellas normas autoejecutables, o sea, las que no requerían ley.
"El TC, luego de una serie de consideraciones y elucubraciones, aprobó la constitucionalidad del tratado, pero haciendo la salvedad de que todas sus normas de carácter programático, (las que requerían leyes chilenas para aplicarse) podrían ser controladas en el futuro". En su momento la discusión más polémica hacía alusión a la propiedad.
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