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Anxo Lamela
Copenhague, 11 dic (EFE).- Las organizaciones indígenas del Amazonas hicieron oír hoy su voz en la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático (COP15) con reclamaciones de reconocimiento de sus derechos territoriales y compensaciones por los efectos causados por el cambio climático en su zona.
Representantes de los nueve países agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) exigieron que se les escuche a la hora de negociar un acuerdo climático y que se tenga en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas para cualquier iniciativa.
"Necesitamos la legalización de los territorios de las comunidades, queremos crear gobiernos autónomos", afirmó Tito Puanchir, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) en una mesa redonda organizada por la COICA en la COP15.
La idea de crear un fondo medioambiental específico de compensación para los pueblos indígenas por la destrucción del Amazonas también contó con un apoyo generalizado entre las diferentes organizaciones.
La unidad en las reivindicaciones generales no ocultó las divergencias en cuestiones más específicas, relacionadas con la particularidad de cada país y con la esencia misma de la COICA, un organismo de coordinación, como admitió Juan Carlos Jintiach, encargado del área internacional.
Los planes de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación (REDD) de las Naciones Unidas son uno de los objetos de discordia entre los miembros de la COICA, que agrupa a unas 300.000 comunidades de los nueve países de la región amazónica.
Mientras la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) admite con reservas su posible uso si garantiza el respeto de los derechos territoriales, otros grupos indígenas muestran sus dudas o se oponen directamente, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
El representante peruano, Roberto Espinosa, criticó que la REDD amenaza la diversidad ecológica, y resaltó que las plantaciones no son bosques y que la lucha a favor de éstos ha costado 34 vidas en Perú, en referencia a las violentas protestas de hace unos meses en la Amazonía peruana.
"Que no conviertan la destrucción del planeta en un negocio", advirtió Caicedo, para quien los mercados de CO2 son "nefastos" y comercian con los derechos territoriales.
Caicedo arremetió contra el Gobierno de Alan García, pidió el regreso del líder indígena Alberto Pizango, asilado desde junio pasado en Nicaragua, tras las protestas, y advirtió de que Perú, que comprende la segunda mayor región amazónica, "está en lucha".
Muy críticos con sus autoridades fueron también los líderes de la COIAB, quienes acusaron al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de no sólo ignorar sus peticiones sino de negarse siquiera al diálogo.
El Fondo Amazonas, proyecto estrella del Gobierno de Lula para reforestar la región, nace de una contradicción, denunciaron: está apoyado por el Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social (BNDES), que a la vez financia grandes infraestructuras "que destruyen la zona".
De ahí que reclamen el fin inmediato de las obras de autopistas que atraviesan la Amazonía y el diálogo sobre las centrales hidroeléctricas, así como el acceso a todos los proyectos relacionados con la zona, señaló Sonia Guayayara, de la COIAB.
La COIAB también pidió claridad y seguridad en los mecanismos relacionados con la reforestación.
"Aquellos que destruyeron la selva no pueden recibir compensaciones por reforestar. Si no, van a ganar dos veces", denunció Guayayara. EFE
Anxo Lamela
Copenhague, 11 dic (EFE).- Las organizaciones indígenas del Amazonas hicieron oír hoy su voz en la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático (COP15) con reclamaciones de reconocimiento de sus derechos territoriales y compensaciones por los efectos causados por el cambio climático en su zona.
Representantes de los nueve países agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) exigieron que se les escuche a la hora de negociar un acuerdo climático y que se tenga en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas para cualquier iniciativa.
"Necesitamos la legalización de los territorios de las comunidades, queremos crear gobiernos autónomos", afirmó Tito Puanchir, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) en una mesa redonda organizada por la COICA en la COP15.
La idea de crear un fondo medioambiental específico de compensación para los pueblos indígenas por la destrucción del Amazonas también contó con un apoyo generalizado entre las diferentes organizaciones.
La unidad en las reivindicaciones generales no ocultó las divergencias en cuestiones más específicas, relacionadas con la particularidad de cada país y con la esencia misma de la COICA, un organismo de coordinación, como admitió Juan Carlos Jintiach, encargado del área internacional.
Los planes de Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación (REDD) de las Naciones Unidas son uno de los objetos de discordia entre los miembros de la COICA, que agrupa a unas 300.000 comunidades de los nueve países de la región amazónica.
Mientras la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) admite con reservas su posible uso si garantiza el respeto de los derechos territoriales, otros grupos indígenas muestran sus dudas o se oponen directamente, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
El representante peruano, Roberto Espinosa, criticó que la REDD amenaza la diversidad ecológica, y resaltó que las plantaciones no son bosques y que la lucha a favor de éstos ha costado 34 vidas en Perú, en referencia a las violentas protestas de hace unos meses en la Amazonía peruana.
"Que no conviertan la destrucción del planeta en un negocio", advirtió Caicedo, para quien los mercados de CO2 son "nefastos" y comercian con los derechos territoriales.
Caicedo arremetió contra el Gobierno de Alan García, pidió el regreso del líder indígena Alberto Pizango, asilado desde junio pasado en Nicaragua, tras las protestas, y advirtió de que Perú, que comprende la segunda mayor región amazónica, "está en lucha".
Muy críticos con sus autoridades fueron también los líderes de la COIAB, quienes acusaron al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de no sólo ignorar sus peticiones sino de negarse siquiera al diálogo.
El Fondo Amazonas, proyecto estrella del Gobierno de Lula para reforestar la región, nace de una contradicción, denunciaron: está apoyado por el Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social (BNDES), que a la vez financia grandes infraestructuras "que destruyen la zona".
De ahí que reclamen el fin inmediato de las obras de autopistas que atraviesan la Amazonía y el diálogo sobre las centrales hidroeléctricas, así como el acceso a todos los proyectos relacionados con la zona, señaló Sonia Guayayara, de la COIAB.
La COIAB también pidió claridad y seguridad en los mecanismos relacionados con la reforestación.
"Aquellos que destruyeron la selva no pueden recibir compensaciones por reforestar. Si no, van a ganar dos veces", denunció Guayayara. EFE
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