Comentario por: Aucan Huilcaman Paillama.
Pareciera que la Corte Internacional de Justicia de la Haya CIJ resolverá definitivamente los asuntos controversiales entre Chile y Perú, sin embargo, allí persisten asuntos gravitantes que se refieren al derecho de libre determinación de los Pueblos Indígenas, la soberanía de los recursos, las minas antipersonal y anti tanques lo que constituyen una amenaza permanente para la población civil de la región y un freno ineludible para la integración plena y efectiva de los países de Chile, Bolivia y Perú.
Es muy poco entendible que a una semana en que Perú y Chile hayan celebrado un acuerdo de libre comercio TLC, ahora en ambos países los gobiernos están asumiendo posiciones poco amistosa y relevando las retoricas nacionalistas para justificar y argumentar que cada cual tiene sobradas razones para que la Corte Internacional de la Haya resuelva a su pleno favor.
A las puertas del Bicentenario de Chile, Perú ha planteado un asunto de fondo que tiene estrecha relación en cómo se constituyeron los Estados en América, dejando al descubierto las arbitrariedades cometidas, repartiéndose los territorios y sus recursos a su manera, imponiendo la fuerza y la guerra como medio para establecer sus limites territoriales y marítimos. Los antecedentes confirman que gran parte de las actuales propiedades de bienes inmuebles que conforman las provincias de Arica y Parinacota están inscritas y registradas originalmente en Lima, en su gran mayorías los Chilenos para reinscribir sus propiedades en el país tuvieron que recurrir a Lima, la exhibición de certificados de inscripciones previas, es decir, en Lima, fue un requisito en las dependencias de bienes raíces de Chile, por ello, allí se encuentra la memoria mas reciente del origen de la propiedad del norte de Chile. Sostener por un lado, que los Chilenos tienen la razón y por otro, los Peruanos, y seguidamente llamar a la unidad, no es más que un acto nacionalista que se encumbra en posiciones chauvinistas, pero minados por la propia historia.
Las organizaciones Aymara han sostenido que los Chilenos y los Peruanos “nunca han tenido mar”, los que siempre “han tenido mar son los Pueblos Indígenas de esa región”, sin embargo, en el actual escenario estos Pueblos están completamente ausentes, por ellos, sostener que Corte en la Haya dará el veredicto final es muy relativo, debido, a que no resolverá los asuntos históricos de los Pueblos Indígenas que han sido conculcados en sus más elementales derechos a vivir y a disponer en sus territorios de los recursos que comprenden en esos espacios territoriales y marítimos.
Las palabras del presidente Evo Morales de Bolivia con motivo al “Día del Mar”, a raíz de la demanda del Perú en contra de Chile y su impacto en las negociaciones bilaterales sostuvo “sí podría afectar una eventual solución en la agenda de los 13 puntos” que trabajan las Cancillerías de La Paz y Santiago. Particularmente por el ámbito bilateral que descansan las negociaciones y el dialogo. Hay que recordar que el contexto de la bilateralidad fue una condición que estableció Chile y muy sabiamente aceptado por el presidente Evo Morales.
Si la bilateralidad fue una condición de parte de Chile es porque habían condiciones suficientes para avanzar en el campo de la diplomacia directa en las negociaciones, al respecto, lo que llama la atención son dos cuestiones, una, si la bilateralidad tiene un tiempo indefinido y la segunda, si el hermetismo también esta supeditado exclusivamente por las cuestiones marítima como punto sensible del dialogo. Estas interrogantes surgen simplemente, debido al escaso tiempo que dispone la actual administración de la señora Presidenta Michelle Bachelet Jeria para resolver la reivindicación marítima de Bolivia en el orden bilateral, resultaría preocupante culminar su mandato sin conocer los avances.
Derechamente la demanda del Perú no tan solo es un obstáculo para una eventual solución a la mediterraneidad de Bolivia, sino, también un elemento a favor de Chile. Aquí al parecer prevalecerá un viejo criterio del torpedeo que “nada esta acordado, sino se resuelve todo” ese todo ahora incluye la demanda Peruana y con todas sus consecuencias. A éste respecto, el canciller del Perú José Antonio García, ha sido muy elocuente la sostener “El Perú, además, es muy consciente de que cualquier situación que significa una alteración del estatus de Arica, pasa por una consulta al Perú, donde el Perú va a facilitar las cosas pero haciendo valer los derechos que tiene en Arica” y prosiguió el canciller “Perú no puede sentarse a esperar eventualmente una solución a la mediterraneidad (Bolivia) para ver si actuar o no”.
No bastó las declaraciones del Canciller del Perú, sino, ahora el propio presidente Alan García ha sostenido “hace rato que Bolivia renuncio a la salida del mar”. Estas declaraciones tienen por objeto provocar turbulencia política en la región, introducir una cuña en el dialogo y las relaciones bilaterales que a propiciado Chile y Bolivia, pero ha recibido la mesurada respuesta del presidente Morales de Bolivia y el canciller David Choquehuanca. Al parecer el viejo dicho “divide y reinara” en este caso no prosperará, sino, prevalecerá la antigua sabiduría indígena.
A raíz de la supuesta nota del Perú dirigida a Bolivia en donde habría puesto en antecedentes sus pretensiones de demanda, la diplomacia Chilena le ha atribuido la máxima atención a la confidencialidad de los hechos contenidos en la demanda. Sin embargo, la fluidez de la comunicación entre los aliados estratégicos en situaciones de crisis es absolutamente normal en la diplomacia internacional, en este orden Perú y Bolivia son miembros del Comunidad Andina CAN, por lo mismos tienen relaciones preferenciales, aunque no exentas de conflictividad y así lo confirman los hechos. Todos los países de América Latina y el Caribe integran el Grulac, pero a la hora de definir aliados estratégicos todos implementan sus mecanismos previamente establecidos, es lo que habría ocurrido entre Perú y Bolivia, entonces, en este caso el asunto de la confidencialidad no es una cuestión relevante para las decisiones en la Corte Internacional de la Haya, incluso, en los casos de genocidio que ha revisado la Corte no ha prevalecido el principio de la confidencialidad, a pesar que determinados hechos lo ameritan.
A la Luz de los hechos con seguridad esta demanda ante la Corte Internacional de la Haya será utilizado por ambos países durante todo el periodo electoral Chileno y Peruano, quedando Bolivia en una situación de impase, considerando que el Tribunal de la Haya no revisará este caso en un tiempo breve, al contrario, las pruebas, las cuestiones incidentales del proceso, las opiniones especializadas entre otros, se tomará el debido tiempo.
Al momento que la Corte Internacional de la Haya adopte una decisión, en Chile habrá una nueva administración y el Perú en plena campaña presidencial o eventualmente inaugurando un nuevo gobierno. Aquí recobra importancia la utilidad de la bilateralidad sobre el asunto de la mediterraneidad entre Chile y Bolivia. La pregunta es, si La Paz tendrá la suficiente paciencia para seguir esperando indefinidamente una solución amistosa, supeditado a una agenda bilateral alimentado solo con gestos recíprocos de ambos mandatarios propio de la diplomacia gubernamental.
Aunque la resolución de la Corte Internacional de la Haya fuese rápida, no se subsanarán cuestiones objetivas que afectan a estos espacios territoriales y marítimos, sumado a las minas antipersonal y las minas anti tanques diseminados en la frontera de Chile y que seguirán constituyendo una amenaza para un pleno desarrollo de sus habitantes y la integración de los Pueblos, particularmente con los Pueblos Indígenas de Chile, considerando que su tradicional territorio periódicamente sometido a las disputas estatales esta casi completamente minados. Este asunto, pareciera no importar, sin embargo, los afectados son personas que viven en los lugares más aislados del territorio nacional. A raíz de la amenaza de las minas antipersonal y para su sobrevivencia las comunidades indígenas han desarrollado medidas preventivas utilizando sus rebaños de Llamas y Alpacas y de esta manera evitar la mutilación con la población civil, ésta es la razón fundamental que las estadísticas del ministerio de defensa de Chile da cuenta de los escasos hechos de mutilación, pero nunca han valorado el mecanismo tradicional de sobrevivencia indígena.
La Convención de Ottawa adoptada en septiembre 1977, sobre minas antipersonal establece lo siguiente “Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento".
El seminario indígena realizado en junio 2007, en la ciudad de Arica sobre minas antipersonal en el territorio Aymara, Quechua y Lickanantay subrayó “Las minas antipersonal diseminadas en los territorios tradicionales de los pueblos aymará, quechua y atacameños-lickanantay, se efectuaron en un contexto político de conflictos armados y controversias Internacionales entre Chile, Perú y Bolivia, situación que determinó las fronteras de los Estados nacionales y para las comunidades indígenas representó la conculcación de los derechos colectivos relativos a las tierras, territorios, el mar y sus recursos, el desarrollo y particularmente el ejercicio del derecho a la libre determinación.
El derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas cobra vigencia en su más pleno sentido. La vigencia no en su sentido de reivindicación jurídico e histórico, debido a que desde el 13 de septiembre son titulares del derecho a libre determinación, sino, en su sentido práctico, es decir, conformando sus propios gobiernos entre otras formas y participando en todos los asuntos que les afectan y la demanda Peruana en contra del Estado Chileno, afecta transversalmente a los Pueblos Indígenas y sus derechos.
A partir de la titularidad del derecho a la libre determinación los Pueblos Indígenas y la controversia por el espacio territorial y marítimo entre los Estados de Perú y Chile, comienzan a surgir entre las organizaciones de los Pueblos Indígenas de la frontera, la preparación de una “carpeta indígena” que pondrá de relieve los derechos previos a los intereses estatales y posiblemente arribará en la Haya, considerando que el territorio marítimo hoy objeto de un conflicto entre Chile y Perú perteneció a los Pueblos Indígenas y la soberanía de los pueblos sobre los recursos son derechos permanentes irrenunciables e imprescriptibles. Y en el peor de los casos la carpeta indígena establecerá un precedente que los antiguos dueños del espacio territorial y marítimo no tuvieron la debida oportunidad para hacer prevalecer sus derechos, asunto de mucha importancia para el derecho internacional contemporáneo.
Además de atender los hechos con la debida cautela, también se esperan señales concretas, y se pone a prueba los beneficios del dialogo bilateral para una solución amistosa sobre la mediterraneidad con Bolivia, sin embargo, la pelota esta en la cancha del lado de Chile y las actuales controversias recomiendan acciones y de verdad crean un contexto favorable para establecer una solución amistosa y construir una paz firme y duradera con el vecino país.
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