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El líder del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, acompañado de consejeros de la organización mapuche Ad Mapu y del Consejo Autónomo Aymara de Arica, interpuso un recurso de protección en contra de la Presidenta Michelle Bachelet y del ministro José Antonio Viera Gallo, por presuntamente infringir el convenio 169 de la OIT que vela por las garantías de los pueblos indígenas.
El convenio presuntamente vulnerado, busca que se respete la consulta -sobre iniciativas legales- a los "pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente", entre otros puntos.
La acción legal surge a días de que la Mandataria enviara al Congreso un proyecto de ley que plantea la creación del Ministerio y subsecretaría de Asuntos Indígenas y un Consejo de Pueblos Indígenas, lo cual es rechazado por los movimientos originarios ya que "es una mera formalidad para mantener la situación de igual o peor manera", explicó Huilcamán.
En este sentido, aseguró que "particularmente lo que nos preocupa es el Consejo de Pueblos Indígenas, porque en definitiva va a ser una figura meramente decorativa", ya que no aseguraría la presencia de indígenas en algún Poder del Estado, como es el Parlamento.
Tras interponer el libelo en la Corte de Apelaciones de Santiago, el vocero del movimiento indígena manifestó que "el argumento jurídico, es que no se consultó a los pueblos indígenas sobre los tres proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo, a pesar de estar vigente el Convenio 169, que el artículo seis, establece como condición o como requisito jurídico la consulta y el consenso con los pueblos indígenas", dijo.
En cuanto al principio de igualdad, explicó, "cuando el Ejecutivo envía un proyecto de ley al Parlamento, comúnmente a los destinatarios de los otros sectores de la sociedad chilena, se le consulta, o a lo menos han tenido la información previa o han podido convenir sus contenidos; sin embargo, aquí nos hemos informado por la prensa de esta iniciativa que con toda certeza va a afectar la relación de los pueblos indígenas y el Estado chileno", adujo.
Junto con interponer la acción legal, los consejeros indígenas buscan "hacer un llamado al país. Por un lado, los tribunales que subsanen esta situación, al propio Parlamento para que tenga en cuenta esta situación, esta iniciativa que no cuenta con el consentimiento de parte de los destinatarios, porque al final somos nosotros, los pueblos indígenas, los mapuche los destinatarios de esta norma", manifestó.
UPI.
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